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Lavado de dinero

14 de abril de 2014 - 00:00

La jueza Teresita Rodríguez Mascardi de Maldonado denunció ante la Unidad de Información y Análisis (UIAF), perteneciente al Banco Central (BCU), un posible caso de lavado de dinero por préstamos que llaman la atención.

La jueza denunció de Concurso la entrega de préstamos por cifras extrordinarias, de manera ilegal, sin control de la banca nacional y con la intervención de prestamistas y testaferros; intereses por sobre lo que establece la ley y sin análisis crediticio previo.

Además, estas transacciones inmobiliarias no estaban siendo declaradas ante Impositiva por lo que también incurrirían en el delito de defraudación fiscal.

La denuncia atiende a un grupo de prestamistas que operan en Maldonado otorgando préstamos inmobiliarios. La operación implica que quién solicita el dinero utiliza de garantía una propiedad hipotecándola a nombre de quién le brinda el dinero. Aunque en ocasiones se hace a nombre de un testaferro que en algunos casos es el mismo escribano que atiende la transacción.

La actividad se realiza en negro, por lo que hay evidente evasión. Aparte se entiende que estas transacciones en dólares transportan dinero entre Argentina y Uruguay fuera de los márgenes legales.

Quién alertó a la magistrada fue la Liga de Defensa Comercial (Lideco) alertada por el caso del empresario ítalo argentino, residente en Uruguay, Giorgio Fabbri. El empresario habría solicitado 20 préstamos por US$ 6,4 millones en los últimos dos años y ante la imposibilidad de cumplir con estos se rematarán sus bienes inmuebles.

El empresario arregló los préstamos con empresario argentinos mayoritariamente sin un análisis previo de la solvencia de Fabbri, basándose solo en el valor de sus propiedades.

Los prestamistas ofrecen una rentabilidad mucho mayor de la que ofrece una institución financiera instalada en el mercado por lo que se sospecha que exista lavado de activos.

En los préstamos intervinieron escribanos que emitieron las escrituras de hipoteca o documentos de prenda con certificados de firmas sin reportar dichas operaciones ante el BCU, según confirmó El Observador.

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