14 de julio de 2016 - 00:00
El jefe de la estación de ferrocarril de Andria (sur de Italia) admitió que dio vía libre al convoy que el martes chocó con otro tren que partió de Corato, un siniestro en el que murieron 23 personas.
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SUSCRIBITELa confesión que explica el trágico choque de trenes en Italia
En el siniestro ocurrido el martes murieron 23 personas.
La confesión que explica el trágico choque de trenes en Italia
La compañía privada Ferrotramviaria, que gestiona el tramo de vía única donde ocurrió el accidente, anunció que ha suspendido al jefe de estación mientras por otro lado se ha abierto una investigación para depurar responsabilidades por el suceso.
La Fiscalía de Trani investiga las circunstancias del accidente, que ocurrió poco antes del mediodía del martes, cuando dos trenes chocaron frontalmente en una ligera curva cuando circulaban a unos cien kilómetros por hora.
Según medios locales, la investigación abierta también incluye la eventual responsabilidad de las instituciones que no habían comenzado los trabajos de desdoblamiento de la línea única que ya habían sido autorizados y que contaban incluso con financiación de fondos de la Unión Europea.
El ministro de Infraestructuras y Transportes, Graziano Delrio, informó ayer en el Parlamento de que actualmente son 2.700 los kilómetros de vía férrea única en todo el país del total de unos 3.000 de la red considerada como "secundaria".
Italia cuenta con una red ferroviaria de 16.674 kilómetros, de los cuales 9.161 kilómetros funcionan con la vía única frente a los 7.563 kilómetros de doble vía, de acuerdo al informe de 2015 de la Agencia Nacional para la Seguridad Ferroviaria.
Sin embargo, no ha habido por el momento explicaciones oficiales de las razones por las cuales el tramo donde sucedió el accidente, de tráfico local intenso, todavía no había sido sometido al desdoblamiento de la línea férrea.
Los medios locales ofrecen detalles de presuntos retrasos en los procedimientos de las expropiaciones necesarias para esas obras y de lentitud en los trámites burocráticos que impidieron que se gastaran los 180 millones de euros de fondos europeos que habían sido adjudicados para su empleo antes de 2013 justo en el tramo donde ocurrió el accidente.
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