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Con el fallo de la Suprema Corte de Justicia y el silencio del gobierno, la Asociación de Funcionarios Judiciales se reunirá en asamblea desde las 14 horas. Mañana habrá una marcha con paro general de 24 horas en el interior y desde las 14 horas en Montevideo. La concentración será en la Plaza Cagancha y también participarán otros gremios como el de la Corte Electoral, dónde también los funcionarios están en conflicto.
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo ayer que el gobierno evaluará el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y destacó la decisión de no continuar la negociación hasta no conocer el fallo. "La sentencia será estudiada por el Poder Ejecutivo como corresponde. En los próximos días tomaremos resolución y conversaremos con la partes para ver encontrar las salidas que correspondan", aseguró.
Murro insistió en que la resolución de la Corte tiene impacto "mucho más grande que lo que se estaba negociando para este presupuesto". "Fue correcto lo que pidió el gobierno: esperar la decisión de la Corte para luego ver qué hacemos. Estabamos discutiendo cosas menores para este pesupuesto y con la sentencia tenemos que discutir cosas mayores", agregó.
La Asociación de Funcionarios Judiciales, en tanto, aguarda ser convocados por el Ejecutivo para "cumplir lo que dispone la ley" y "solucionar el conflicto".
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional la ley 19.310 pero constitucional el artículo tres que otorga 8% de aumento a los funcionarios judiciales, en vez del 26% que se desprende de la Ley de Presupuesto aprobada en 2010, informó a Telenoche el presidente de la Corte, Jorge Chediak. Los artículos dos, ocho y nueve sí fueron declarados inconstitucionales.
El artículo dos considera de orden salarial todas las partidas que reciben los ministros de la SCJ y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el ocho establece que el Poder Ejecutivo pagaría tres salarios a los funcionarios si por lo menos el 70% accedían a dejar sin efecto los reclamos salariales en curso y el nueve que la corporación debía pagar las condenas en su contra, para lo cuál no contaba con fondos.
La ley 19.310 pretendió ser una solución al conflicto desatado por los gremios del Poder Judicial tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes que ampararon el “desenganche” de sus salarios en relación a los ministros de Estado.Esa norma le otorgó a los funcionarios un aumento de 8% a jueces, fiscales, actuarios, defensores de oficio y funcionarios.
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