Infanta imputada

El juez José Castro la ha citado a declarar el 27 de abril al apreciar indicios de que pudo consentir que su parentesco con el rey fuera usado por Urdangarin y su socio, Diego Torres, en las presuntas actividades ilegales del instituto Nóos que su esposo presidió varios años.

Tras la imputación, la Fiscalía Anticorrupción anunció que recurrirá la decisión del juez por considerar que no existen indicios criminales que la relacionen con las actividades del instituto.

La Casa del Rey expresó, a través de un portavoz, su "sorpresa" por "el cambio de posición" del juez José Castro, instructor del caso, al haber decidido imputar a la infanta Cristina.

Al mismo tiempo manifestó su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía de recurrir esta medida.

La declaración de la infanta está prevista en los juzgados de Palma de Mallorca en el marco de la causa que investiga el presunto desvío de más de 6 millones de euros de fondos públicos.

Según el juez, la imputación se debe a que hay indicios de que pudo consentir que su parentesco con el rey Juan Carlos fuera utilizado por Urdangarin y su socio en las actividades de ese instituto, lo que podría constituir un supuesto de "cooperación necesaria" o "complicidad" en los delitos presuntamente cometidos.

Urdangarin está imputado en esta causa desde diciembre de 2011 y ha prestado declaración en dos ocasiones, en febrero de 2012 y febrero de 2013.

En esta última desligó a su esposa y a la Casa Real de sus actividades y aseguró que nunca autorizó o avaló los negocios del Instituto Nóos.

Iñaki Urdangarin, de 45 años, exjugador de balonmano, fue apartado de las actividades oficiales de la Familia Real española en diciembre de 2011, tras su imputación.

La convocatoria del juez a la infanta Cristina se produce después de que se publicaran varios correos electrónicos de Diego Torres, ex socio de Urdangarín en el citado instituto, dirigidos supuestamente a ella y a otras personas del entorno de la Casa Real.

El pasado 29 de enero, el juez también imputó a Carlos García Revenga, secretario de las hijas del rey, la infanta Cristina y su hermana mayor, la infanta Elena.

En el caso Nóos se investiga el supuesto desvío de unos 6,1 millones de euros de las administraciones regionales de Baleares y Valencia al Instituto Nóos entre los años 2004 y 2007.

Cristina de Borbón y Grecia, de 47 años, es licenciada en Ciencias Políticas y trabaja como directora del área social de la Fundación la Caixa.

Infanta de España y Duquesa de Palma de Mallorca, ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión de la Corona española, en la que su hermano, Felipe, príncipe de Asturias, es el heredero.

La infanta Cristina se casó con Iñaki Urdangarin el 4 de octubre de 1997 en Barcelona. Tienen cuatro hijos, tres niños y una niña.

En la actualidad residen en España tras haber dejado Washington el pasado verano después de vivir en la capital estadounidense tres años, donde Urdangarin trabajaba para la multinacional de telecomunicaciones Telefónica.

La imputación de la infanta se produce casi tres años después de la apertura de la investigación y como paso previo al final de la instrucción por el juez Castro, que abrió el caso en julio de 2010.

Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el principal de la oposición, expresó su respeto por la decisión del juez y destacó que "la Justicia en España es igual para todo el mundo".

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, declaró tras conocerse la imputación que "más vale tarde que nunca", y señaló que "tal vez con esto se pueda hacer bueno lo que dijo el monarca que todos somos iguales ante la ley".

Para el "número dos" del partido de centro Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Carlos Martínez Gorriarán, la imputación demuestra que, pese a las "muchas deficiencias", la democracia española es un Estado de derecho y la impunidad, "no se consigue", aunque se trate de un miembro de la Casa Real.

EFE