Hay polémica

En la región de Andalucía, con 8,4 millones de habitantes, entró en vigor un decreto que permitirá la posibilidad de expropiar temporalmente viviendas vacías para alojar a personas necesitadas de ayudar urgente.

Esa norma andaluza beneficiaría a unas doscientas personas en una primera fase y tendría como objetivo de expropiación viviendas desocupadas propiedad de personas jurídicas (bancos, empresas...), pero no físicas, y deja fuera las residencias dedicadas a usos turísticos u ocasionales.

La vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió las normas dictadas por su Gabinete para evitar desahucios y que - recordó - incluyen que las familias que estén en situación de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión social "no pueden ser sacadas de sus casas durante dos años".

Por eso la "número dos" del Gobierno español exigió a la región de Andalucía que explique qué añade la norma autonómica al decreto aprobado por el Ejecutivo central que ya paraliza el desahucio.

Sáenz de Santamaría subrayó que su Gobierno (del conservador PP) aprobó un fondo social de vivienda para que los desahuciados "puedan tener una vivienda a un precio razonable" y recordó que en Andalucía (con un Ejecutivo de coalición entre socialistas y comunistas) "tienen viviendas de protección oficial vacías".

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, dijo hoy que su normativa pretende poner "un poco de razón en la sinrazón" de los desahucios, ante la existencia de miles de pisos vacíos mientras se mantienen situaciones de marginación social.

Otras regiones españolas, en gran parte gobernadas por el PP, se mostraron alejados de la iniciativa andaluza, mientras que los socialistas aprovecharon esa norma para recoger algunos puntos y presentarlos como enmiendas al proyecto de ley sobre desahucios que tramita el Parlamento, como la expropiación de viviendas vacías propiedad de personas jurídicas.

Cuatro familias de Jerez de la Frontera (suroeste) afectadas por desahucios pidieron hoy al Gabinete andaluz que aplique el nuevo decreto sobre la vivienda y expropie temporalmente al banco las casas que les han sido embargadas a ellos.

A principios de este año la Justicia española tenía pendientes casi 200.000 ejecuciones hipotecarias, paso previo al desahucio de quienes no pagan el crédito.

En la actualidad hay dos textos sobre desahucios en el Parlamento español: el que refuerza la protección a los deudores hipotecarios, procedente del decreto del Gobierno central español, y una iniciativa legislativa popular sobre dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social.

EFE