A pedido de la Asociación de Funcionarios Judiciales se llevó a cabo una inspección por parte del Ministerio de Trabajo, la división encargada del mantenimiento de los ascensores de la Intendencia de Montevideo y de la empresa privada para determinar cuáles fueron las causas del accidente que el viernes pasado le costó la vida a una funcionaria de 63 años, que cayó en el foso de un ascensor de la Defensoría de Familias. Según explicó Gustavo Signorelle, presidente del sindicato de judiciales, el informe de la inspección general de trabajo determinó que la muerte podría haberse evitado dadas las condiciones del ascensor, por el cual el mismo quedó automáticamente clausurado ya que tenía denuncias por fallas desde hace tres años. Lo que se le exige a la Suprema Corte de Justicia es que se presente actuaciones referentes al mantenimiento y al peritaje de las fallas que tuvo el ascensor. El sindicalista señaló que el mismo viernes en la mañana se había llamado a la empresa para resolver los problemas del primer piso. Además, aseguró que en la mayoría dependientes del Poder Judicial no hay habilitación de Bomberos. "Para nosotros la responsabilidad es de la Suprema Corte de Justicia (...) Lo decimos porque era completamente evitable", indicó Signorelle. "Lo decimos porque creemos que no importa la salud laboral de los trabajadores judiciales. A la Corte lo único que le importa es mejorar su salario, o por lo menos la de sus cinco ministros", tiró.
29 de abril de 2013 - 00:00