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El fiscal en lo penal, Enrique Rodríguez, presentó un escrito a la Suprema Corte de Justicia donde plantea la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley 18.831, más conocida como “ley de caducidad”.
Para Rodríguez, los delitos cometidos entre 1973 y 1985 ya prescribieron, por ende consideró que dicha ley viola las disposiciones constitucionales dado que la ley penal no se puede aplicar de manera retroactiva, según informó el fiscal a El Observador.
Rodríguez se basa en sentencias presentadas por la Suprema Corte, donde se ratifica que los delitos cometidos durante la dictadura militar son ilícitos comunes, catalogados como “homicidios especialmente agravados” y no de lesa humanidad.
Existen otros recursos, presentados por militares que sostienen la inconstitucionalidad de esta ley. La novedad radica en que el planteo parta de un fiscal. Sobre todo porque la mayoría de los fiscales que han tenido que atender este tipo de denuncias, siguieron adelante con las investigaciones.
En Uruguay, los delitos de lesa humanidad, como el genocidio y la desaparición forzada existen a partir de una ley del año 2006.
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