Dina Boluarte asume el mando en Perú tras destitución de Castillo

Desde que Castillo asumió la presidencia en julio de 2021 vivió bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta "organización criminal" que reparte contratos públicos a cambio de dinero.

La destitución del mandatario, que tenía una rechazo de 70% según sondeos recientes, fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas.

Tras la destitución, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden calificó rápidamente a Castillo de "expresidente" y estimó que los congresistas peruanos tomaron "medidas correctivas" de acuerdo con las reglas democráticas.

"Rechazaremos categóricamente cualquier acto que contravenga (...) cualquier Constitución, cualquier acto que socave la democracia en ese país", afirmó el portavoz del departamento de Estado, Ned Price.

Autogolpe

Tras el mensaje de Castillo a la nación en el que ordenaba disolver los poderes legislativo y judicial y convocaba una constituyente, la entonces vicepresidenta Boluarte, altos funcionarios y analistas denunciaron un golpe de Estado.

"Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional", dijo Boluarte en Twitter.

"Hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia. Este golpe de Estado no tiene ningún fundamento jurídico", dijo a la radio RPP el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su "rechazo de manera enfática" a "todo quebrantamiento del orden constitucional".

Para el analista político Augusto Álvarez, no hay duda de que es "un autogolpe".

"El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe", dijo a la AFP.

Varios cientos de manifestantes a favor y en contra del presidente se concentraron frente al Parlamento.

"Ya estamos cansados de este gobierno corrupto, de este gobierno que estaba robando desde el primer día. Ahora toca (sacar a) Dina Boluarte", dijo a la AFP Johana Salazar, una trabajadora de 51 años.

"No puede disolver el Congreso, lo ha cerrado sin ningún motivo, se va a ir a la cárcel. Lo siento por él y su familia", señaló la comerciante Roxana Torres, de 48 años.

"Que la vicepresidenta Boluarte trabaje bien, que se rodee de gente que la asesore bien", pidió por su lado Ricardo Palomino, un ingeniero en sistemas de 50 años que calificó de "totalmente inaceptable e inconstitucional" lo ocurrido.

Pero Sissy, una obrera municipal de 50 años que no quiso dar su apellido, pidió "respetar el voto del pueblo".

"Desde que entró el presidente lo han humillado, no han aceptado a un presidente de provincias, el pueblo no es Lima, es todo el Perú, por eso no vamos a permitir" que saquen a Castillo, exclamó indignada.

Ola de renuncias

Tras el anuncio de disolución del Congreso varios ministros y funcionarios de organismos internacionales anunciaron su renuncia al cargo en las redes sociales y en declaraciones a la prensa.

El embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth Mejía, anunció en Washington su dimisión debido a "la ruptura (...) del orden constitucional".

"A partir de hoy Castillo está en la triste fila de los dictadores", dijo a la misma radio el expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016).

El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.

Procesos similares en el Congreso forzaron la caída de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020. Fujimori fue destituido por el Congreso en noviembre de 2000. AFP