Denuncian trabas en aborto legal

Un dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló algunos artículos de ese decreto vinculados a la objeción de conciencia de los médicos, que ahora pueden negarse a participar en los procedimientos previos y posteriores.

"Este fallo afecta a la plena implementación de esta política pública", aseguró hoy a Efe la directora ejecutiva de AI en Uruguay, Mariana Labastie.

En el informe de la organización se menciona el caso de Salto donde "todos los profesionales (médicos) son objetores".

"La solución que encontró el Ministerio (de Salud) fue enviar dos veces por semana a una ginecóloga que atiende en el servicio público y privado. Entonces, las mujeres tienen que saber cuándo va la médico, cuándo están los profesionales, se está afectando a su derecho para cumplir con su voluntad", destacó.

Además, agregó que en algunas ocasiones esta demora en los trámites puede provocar que aquellas que quieran interrumpir voluntariamente el embarazo se salgan de los plazos estipulados en el decreto que instrumenta la ley: 12 semanas como máximo en los casos generales, 14 cuando es fruto de una violación y sin acotación cuando existen riesgos para la vida de la mujer.

Según explicó Labastie, en el informe se pone sobre la mesa el hecho de que esa situación puede incitar a las mujeres a tener que recurrir a "circuitos ilegales" para abortar o las empuja a seguir adelante con el embarazo debido a que no se encuentra en los márgenes estipulados en el marco regulador.

Por otro lado, señaló los trastornos que acarrean este tipo de episodios debido a que también hay mujeres que se ven obligadas a abandonar sus localidades para ir hasta Montevideo para poder recibir la atención "a la que tienen derecho y de forma gratuita".

Según datos divulgados en agosto del año pasado por la ONG Mujer y Salud en Uruguay (Mysu) en Young y Mercedes el 100 % de los ginecólogos son objetores de conciencia, así como el 87 % en Paysandú, el 82 % en Soriano y el 43 % en Río Negro.

"Es necesario tener un debate sobre la objeción de conciencia y su uso. En otros ámbitos es una herramienta de lucha útil pero en este caso, cuando un médico decide que no puede practicar un aborto por su conciencia, es el Estado el que tiene que garantizar que la mujer va a poder cumplir con su voluntad, por más trabas que haya", remarcó Labastie.