Conflictos ecológicos

Esta es una de las conclusiones del "Atlas Global de Justicia Ambiental" que un equipo internacional de expertos, coordinados por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), presentará hoy en la Delegación del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Bruselas.

El "Atlas Global de Justicia Ambiental" es una plataforma interactiva de mapas que analiza más de un millar de conflictos ecológicos en el mundo, un proyecto que quiere documentar 2.000 casos en el año 2015.

El atlas es el resultado del proyecto europeo 'Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade' (EJOLT), dirigido por el catedrático de Economía de la UAB, Joan Martínez Alier, con la participación de 23 universidades de 18 países.

El atlas, elaborado entre activistas y académicos, aporta evidencias sobre "los desequilibrios estructurales de poder en la economía global".

"El atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en el mundo por las demandas de materiales y energía de la población de clase media y alta, y las comunidades que reciben el mayor impacto son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud", ha comentado Martínez Alier.

Según el profesor de Economía, "el mapa muestra tendencias preocupantes, como la impunidad de las compañías que cometen delitos medioambientales o la persecución de los defensores ambientales, pero también inspira esperanza".

Entre las historias de destrucción ambiental y de represión política que se analizan en el atlas se describen un 17% de los casos en los que se han ganado juicios legales, proyectos que se cancelan y bienes comunes que han retornado a la comunidad, según Leah Temper, investigadora del ICTA UAB y coordinadora del atlas.

La plataforma on-line del atlas permite buscar y filtrar entre un centenar de campos para visualizar los conflictos -nucleares, de residuos tóxicos, de agua, mineros...- por tipo de mercancía, compañía o país.

El inventario de los casos de conflicto ambiental facilita, según sus autores, la búsqueda de información, la interacción entre grupos de trabajo afines y el aumento de la visibilidad de los conflictos.

Una de las conclusiones del proyecto y del atlas es que los movimientos sociales de justicia ambiental de base "son clave para conseguir que las formas de consumo y producción sean más justas, equitativas y menos perjudiciales".

Según Temper, "sólo cuando las comunidades se planten contra la contaminación, gobiernos y empresas cambiarán su comportamiento".

El atlas documenta 32 conflictos ecológicos en España relacionados con incineradoras e infraestructuras de energía eléctrica y combustibles fósiles, minería, proyectos urbanísticos, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y casos sobre conservación de la biodiversidad.

El proyecto de mega-infraestructuras en el aeropuerto de Ciudad Real, la línea eléctrica de alta tensión de Girona, la construcción de Eurovegas, la protección del lobo ibérico o la planta de cemento de Montcada i Reixac (Barcelona) son algunos de los conflictos en territorio español que aparecen reflejados en el Atlas.

En Uruguay

En Sudamérica, la región andina es la que concentra la mayor cantidad de conflictos. Sin embargo, en Uruguay se presentan tres.

Uno de ellos se trata de la pastera UPM: “UPM es uno de los mayores latifundistas de Uruguay con un total de aproximadamente 250 mil hectáreas de tierra bajo forestación con eucaliptos destinados a abastecer su fábrica de celulosa (…). Ha ocupado los mejores suelos del país –suelos de pradera, valiosos ecosistemas– otrora destinados a la producción de alimentos. La forestación es una de las causas que llevan al desplazamiento de los productores nacionales, a la concentración y extranjerización de la tierra”.

En este sentido, se menciona como otro conflicto el que protagonizan por el mismo tema Uruguay y Argentina.

El tercer conflicto es el de la megaminera Aratirí. “Con un desparpajo sin igual, se asegura en 2013 que serios estudios muestran que lejos de provocar daños, el Proyecto Aratirí propone asignar inversión y gestión ambiental hasta alcanzar mejoras en la calidad del ambiente. El gobierno del presidenta Mujica se prepara a firmar un contrato mientras los ambientalistas piden un referendum”, sostiene.

Los tres conflictos están calificados como "de alto impacto a nivel local".

EFE