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La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) urgió hoy a Uruguay en su informe anual a legislar contra la violencia de género y a proteger a sus víctimas, puesto que, aunque reconoció el esfuerzo simbólico del Gobierno, "existen dificultades estructurales" por abordar.
"Hay un proyecto de ley que está en el Parlamento que está por ser aprobado, y ahí esperamos que se pueda agilizar (...) y también queremos instar a que no solamente se quede como una legislación, sino que puedan haber estrategias y también recursos necesarios", dijo la portavoz de AI en Uruguay, Inés Invernizzi.
Dicho proyecto de ley define como principios rectores para su aplicación "la prioridad de los derechos humanos, la responsabilidad estatal, igualdad y no discriminación, la igualdad de género, la autonomía de las mujeres, el interés superior de las niñas y las adolescentes", según el informe difundido hoy.
En 2016 en el país suramericano fueron asesinadas por sus parejas y exparejas 29 mujeres, y en los primeros dos meses se cometieron siete femicidios más.
"La negligencia del Poder Judicial y la falta de controles por parte de la política en atención de las denuncias recibidas, constituye un fuerte obstáculo para el tratamiento y combate de todas las formas de violencia basada en género", sentenció el documento.
A juicio de Invernizzi, el Código Penal de Uruguay es "bastante arcaico" no solo en relación a la legislación contra la violencia de género, sino también en otros temas como la discapacidad.
"Falta avanzar mucho (...), hay una estigmatización de las personas con discapacidad por los medios de comunicación, la sociedad, los programas de televisión", señaló.
En ese sentido, desde AI señalaron que van a trabajar en el país con organizaciones de la sociedad civil en un informe sobre los derechos económicos, sociales y culturales de los discapacitados.
CRIMEN LESA HUMANIDAD. Otro aspecto que preocupa a la organización es la impunidad por los crímenes del pasado.
Aunque la portavoz destacó que se ha avanzado en ese aspecto, con la creación del grupo de Verdad y Justicia (organización de derechos humanos que trabaja por el esclarecimiento de los crímenes cometidos en dictadura) y la Secretaría para el Pasado Reciente, "la falta de articulación" de los mecanismos "merma la capacidad de acción".
En su informe, AI Uruguay observa "con mucha preocupación el estancamiento de las investigaciones y le llama la atención la falta de hallazgos, la discrecionalidad y demora con la que se investigan los hechos ocurridos en el pasado reciente".
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