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SUSCRIBITEEl ataque de 1994 dejó 85 muertos y cientos de heridos. Los acusados, con distinto grado de responsabilidad, se encaminan a un eventual juicio en ausencia.
Atentado a la AMIA 1994.
AFPMás de 30 años después del atentado contra la sede de la AMIA en Buenos Aires, la Justicia argentina acusó a siete ciudadanos iraníes y un libanés por su presunta participación en la organización y ejecución del ataque, que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos y 300 heridos.
La resolución fue dictada por el juez federal Daniel Rafecas y representa un nuevo avance en una causa que podría llegar a un juicio oral bajo el régimen de juicio en ausencia, habilitado en Argentina desde 2025. Los acusados permanecen prófugos y todavía pueden apelar la decisión.
Según la reconstrucción de Rafecas, la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní y su ejecución fue encomendada a Hezbolá. El juez también consideró que el ataque constituye un crimen de lesa humanidad y lo encuadró como genocidio según el derecho internacional.
Cabe precisar que la condición es la de procesados, que en la vecina orilla no equivale a tener una sentencia firme ni a la vieja figura del procesamiento en Uruguay. En el derecho argentino, el procesamiento funciona de manera análoga a nuestra actual formalización de la investigación: es una resolución provisoria donde un juez determina que hay pruebas suficientes para seguir investigando y enviar el caso a juicio oral, rigiendo plenamente el principio de inocencia.
Entre los señalados se encuentran exfuncionarios iraníes que ocupaban altos cargos al momento del atentado, entre ellos Ahmad Vahidi, entonces comandante de la Fuerza Quds; el exministro de Inteligencia Ali Fallahijan; el exministro de Relaciones Exteriores Ali Velayati y el entonces embajador iraní en Argentina Hadi Soleimanpour. También fue procesado un ciudadano libanés vinculado a Hezbolá.
Rafecas dispuso además un embargo de US$ 500 millones sobre los bienes de cada uno de los ocho procesados y retiró a otros dos acusados de la causa por falta de evidencia suficiente.
La resolución aún debe atravesar otras instancias antes de que pueda concretarse un juicio. El propio Rafecas advirtió que todavía resta un trámite y que las defensas pueden apelar los procesamientos.
El presidente argentino, Javier Milei, celebró la decisión en redes sociales. Durante su gobierno se aprobó la ley que permite avanzar con procesos penales contra acusados que permanecen prófugos, siempre que se garanticen su defensa y las demás garantías del debido proceso.
El atentado fue cometido con una camioneta cargada de explosivos que detonó frente al edificio de la AMIA. Rafecas también señaló una posible conexión con el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido dos años antes y que dejó 22 muertos.
Con información de AFP.
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