Asociación Rural del Uruguay reclamó baja de gasto público y de regulaciones para mejorar competitividad

Cortabarría sostuvo que “tenemos que poder crecer más allá de los precios internacionales”, pero apuntó que “el problema es cómo lograrlo”, porque “no habrá tasas de crecimiento altas si no crece el sector”.

Para ello, llamó a trabajar en las estructuras internas del Estado, porque el agro “es una fábrica sin techo”, que debe enfrentar las dificultades climáticas, y mencionó, en ese sentido, la mayor sequía de los últimos 100 años ocurrida en 2023.

El titular de ARU dijo que el sector paga altos aranceles en la mayoría de los mercados a los que accede, y pidió mejorar la competitividad.

Cortabarría valoró la inversión en infraestructura y los esfuerzos de la actual administración en beneficio del agro, pero recordó que, en el último bienio, se dio un desplome de los precios internacionales que, sumado a la sequía, generó poca producción, con altos costos y precios bajos.

En otro orden, mencionó que “la política monetaria contractiva no fue gratis para el agro”, ya que el país tiene el combustible y la energía eléctrica más caros de la región, que produce sobrecostos internos.

En el mismo sentido, saludó al Ejecutivo por mantener la inflación dentro del rango meta durante 15 meses, pero apuntó que “no logró disminuir el gasto público”.

“El Estado nos impone un freno para crecer, con regulaciones y trámites, que perjudican la velocidad de crecimiento y la libertad para generar valor”, dijo. Por eso, instó a impulsar políticas de Estado que trasciendan los gobiernos.

Además, destacó que “es con ciencia que se logra avanzar, no con restricciones y leyes”.

En otro orden, condenó el plebiscito de la seguridad social, que “pone en jaque el futuro” y “sus consecuencias serán muy negativas para el país”, porque “destruirá su seguridad jurídica”.

Finalmente, Cortabarría llamó a “tomar medidas para seguir creciendo”, como bajar el déficit fiscal, hacer un balance “exhaustivo” del funcionamiento del Estado, no imponer regulaciones ambientales sin el estadio de su impacto social, “eliminar tasas y trámites que ya no tienen sentido”, legislar en torno a la promoción de inversiones y la baja de aranceles y fortalecer la investigación. Se abre, para el sector, “el desafío de pensar en un mejor y más próspero futuro”.