Dos hombres de 30 y 38 años fueron imputados con prisión preventiva tras la denuncia iniciada en un centro educativo. Pablo Caggiani destacó la efectividad de los mecanismos.
La activación de los protocolos de protección en un centro de estudios del departamento de Rivera permitió la detección y judicialización de un caso de abuso sexual contra un adolescente. El proceso se inició cuando el joven relató en su centro educativo que era víctima de abusos por parte de su padrastro —quien se desempeña como policía y pastor de una iglesia evangélica— desde los 14 años.
Según la denuncia, un hermano del padrastro también habría participado de los abusos, y ambos habrían realizado propuestas de índole sexual a otro menor de edad, hermano de la víctima. Tras escuchar el testimonio, las autoridades educativas pusieron en marcha el "mapa de ruta" correspondiente, trasladando el caso a la órbita judicial.
Como resultado, la Justicia imputó a los dos hombres, de 30 y 38 años, con prisión preventiva por reiterados delitos, incluyendo abuso sexual, mientras continúa la investigación.
El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, valoró el funcionamiento de las herramientas de intervención del sistema educativo. El jerarca señaló que estas acciones se enmarcan en el trabajo del sistema de protección para situaciones de violencia, abuso y maltrato en la infancia y adolescencia.
Caggiani explicó que el incremento registrado en el número de denuncias anuales no refleja necesariamente un crecimiento del fenómeno en sí, sino una mayor eficacia de las instituciones públicas. "Esto quiere decir no que crezca el fenómeno de la situación de abuso y maltrato, sino que cada vez el Estado tiene más capacidad de intervenir", afirmó el jerarca, subrayando que todas las agencias vinculadas al sistema de protección denuncian con mayor frecuencia gracias a la formación técnica y a la aplicación de los mapas de ruta.
Finalmente, el titular de la ANEP enfatizó que la prioridad absoluta de las instituciones educativas ante la detección de estas situaciones es preservar la integridad de los niños, niñas y adolescentes involucrados.
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