La funcionaria cumplía tareas en Pan de Azúcar y estaba a cinco años de jubilarse. Fue una de las ocho policías condenadas en la segunda etapa del caso.
Una de las policías condenadas en la Operación Caranchos había sido reconocida públicamente por el Comando de la Jefatura de Policía de Maldonado en junio de 2025, cuando cumplía funciones en la Zona Operacional I de Pan de Azúcar. A la funcionaria le restaban cinco años para jubilarse.
La investigación por la denominada Operación Caranchos alcanza hasta el momento a unas 70 personas, entre funcionarios públicos, policías, abogados y gestores, según información vinculada a la causa.
La maniobra investigada buscaba obtener cobros del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) correspondiente a víctimas de siniestros de tránsito.
En esta segunda etapa, la Fiscalía logró la condena de ocho nuevos policías. Entre ellos se encuentra la funcionaria que trabajaba en Pan de Azúcar y que, al momento de su condena, se encontraba a cinco años de jubilarse.
Según informó FM Gente, la policía había recibido en junio de 2025 un reconocimiento público del Comando de la Jefatura de Policía de Maldonado por el cumplimiento de sus servicios en la Zona Operacional I de Pan de Azúcar.
En aquella oportunidad, un comunicado del Ministerio del Interior destacó que la seccional brindaba atención en materia de seguridad a la ciudad de Pan de Azúcar, además de cubrir una amplia extensión territorial y contar con una oficina dedicada a la atención de situaciones de violencia doméstica y género.
La investigación también permitió establecer, según fuentes al tanto de la causa consultadas por Telenoche, que algunos de los policías cobraban entre $3.000 y $7.000 a cambio de proporcionar información a gestores vinculados a siniestros de tránsito.
Las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de los policías y sus cuentas bancarias permitieron detectar movimientos vinculados a esos pagos, señalaron las fuentes.
La Fiscalía prepara ahora nuevas pericias con el objetivo de reunir evidencia sobre otro grupo de funcionarios públicos y abogados que, según la investigación, estarían vinculados al esquema.
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