La mayoría del organismo consideró que las actuaciones fueron realizadas en calidad de ministra, por lo que excede su competencia en términos médicos.
El Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay resolvió rechazar nuevamente la denuncia contra la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg por su actuación en el expediente de una anestesista sancionada por su responsabilidad en la muerte de una paciente.
La denuncia cuestiona que Lustemberg redujo de cinco a tres años la inhabilitación para ejercer la medicina que había sido impuesta a la anestesista María Inés Miralles.
El caso está relacionado con la muerte de Soledad Barrera, una paciente de 41 años que ingresó para una colecistectomía laparoscópica programada.
La Comisión Honoraria de Salud Pública había dispuesto originalmente una sanción de cinco años de inhabilitación, con reevaluación profesional, luego de identificar cuatro apartamientos de la normativa vigente durante la atención médica.
Entre las irregularidades señaladas estuvieron la extubación prematura de la paciente tras un paro cardiorrespiratorio, la demora en su reintubación y traslado a un CTI, el alejamiento de la anestesista del block quirúrgico durante el procedimiento y el registro tardío de la evolución anestésica en la historia clínica.
La denuncia sostiene que Lustemberg no fundamentó de manera suficiente las razones por las que decidió reducir la sanción y cuestiona además aspectos del procedimiento administrativo seguido durante la instancia de recursos.
El tribunal consideró que las actuaciones cuestionadas fueron realizadas por Lustemberg en su condición de titular del Ministerio de Salud Pública y no en el ejercicio de la medicina, por lo que el caso excedería las competencias del Tribunal de Ética Médica.
Sin embargo, una minoría del tribunal sostuvo una posición diferente y consideró que existen elementos suficientes para investigar la actuación de Lustemberg desde el punto de vista ético. En ese sentido, señaló que la exministra es médica y que existen antecedentes de actuaciones del organismo respecto a profesionales que desempeñaban funciones de gestión en la Salud.
En ese marco, el tribunal no hizo lugar a la denuncia presentada contra la ministra Lustemberg.
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