El exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma será suspendido por seis meses de sus funciones y se le abrirá un sumario administrativo que puede finalizar con su destitución según determinó el presidente Luis Lacalle Pou tras la investigación por sus viajes en misiones oficiales.
En particular se investigan los viajes de Toma a Roma en el marco del juicio en Italia contra represores de la dictura uruguaya acompañado de Giuliana Pérez, una joven contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
La investigación administrativa fue ordenada por el presidente Luis Lacalle Pou.
El exsecretario había justificado la presencia de la funcionaria de la Senaclaft manifestando que la misma ofició de asesora en daños civiles derivados de delitos penales y además investigaba la ruta de los dineros que podrían estar financiando a los investigadores en el marco del Plan Cóndor.
La investigación que lideró el abogado sumariante Ariel Sánchez también intentó determinar si Pérez, ya desvinculada de la Senaclaft, tenía las competencias técnicas y profesionales para integrar estas delegaciones oficiales a Italia y Estados Unidos.
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