El ex secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, presentó una carta del Dr. Paul S. Reichler, socio del estudio Foley Hoag, que defendió a Uruguay en los juicios con Philip Morris, Italba Corporation y Ritika Metha (Aratirí), donde certifica la idoneidad del equipo que lo acompañó en los distintos viajes que son cuestionados.
Todos esos juicios, que ascendían a cerca de cinco mil millones de dólares, fueron ganados por el Estado uruguayo que fue representado por un equipo encabezado por Toma y, en alguno de ellos, el equipo también lo integraba la contadora Giuliana Pérez, que se desempeñaba como adscripta en al secretaría de la presidencia y cumplía funciones en la Secretaría Antilavado (Senaclaft) como fiscalizadora.
La investigación administrativa concluyó que Toma cometió graves irregularidades en las misiones oficiales que encabezó y cuestionó la forma en que eligió a sus asesoras, principalmente a la contadora Pérez.
En una carta enviada al Informativo Sarandí, Toma dijo que debieron ser felicitados por el gobierno y no destruidos en su buen nombre expuestos a una “sospecha canallesca”.
El exsecretario de Presidencia señaló que el Ejecutivo lo “persigue como funcionario de carrera por acciones ocurridas mientras tenía ese cargo en situación legal de reserva y desempeñaba otro de confianza”.
Toma justificó que pidió la carta al Dr. Reichler porque a su criterio “se trastocó la antigua garantía liberal de que el imputado goza de una presunción de inocencia”.
Además, en el escrito vuelve a apuntar contra el presidente de la República y asegura que antes de decretar el sumario, Lacalle Pou “habló en varios medios afirmando textualmente que si fuera por él, yo ya no era funcionario, pero que había que hacer un sumario”.
“Se ocasionó un daño enorme a mi familia, a mis colaboradores y sus entornos familiares. se dejó circular una terrible versión sugerida según la cual todo era un turismo de ocio decadente”, afirmó.
“¿Alguien se sentiría juzgado con ecuanimidad en un caso donde el presidente de la República sale a los medios a decir esas cosas de quien, a ese momento, ni siquiera era sumariado? ¿Cuándo en Uruguay se dio que el presidente de la República informe a los medios que se comunicó por teléfono dos veces con el instructor de una investigación administrativa? ¿Cuándo pasó que el presidente haya dicho que modificó el procedimiento administrativo para evitar que un funcionario determinado informe sobre él?", cuestionó.
Asimismo, señaló que la investigación debió ser secreta según las normas. Por eso pidió que se investigue si hubo filtración atribuible a la administración lo que sería una falta grave y delito penal.
La contadora, por su parte, tomó su cuenta de Twitter para defenderse y aseguró que “las únicas personas que pueden juzgar nuestra idoneidad técnica son las personas con las que trabajamos. Cómo son el Dr. y el estudio de EEUU. No una persona que ni siquiera nos conoce y nos hace 5 preguntas en una investigación”.
Los hechos. El exsecretario de la Presidencia fue suspendido por seis meses y se le abrió un sumario administrativo que puede culminar con su destitución tras la investigación por sus viajes en misiones oficiales junto con la contadora.
En particular se investigan los viajes que realizaron a Roma presuntamente en el marco del juicio contra represores uruguayos en la época de la dictadura. Toma había manifestado que la funcionaria de la Senaclaft había oficiada como asesora en daños civiles derivados de delitos penales y además investigaba la ruta de los dineros que podrían estar financiando a los investigadores en el marco del Plan Cóndor.
Sin embargo, el expresidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, indicó en su momento que no había motivos para el viaje de la contadora, ya que en el juicio en Roma "nunca se habló de la ruta del dinero ni de resarcimientos para el Estado ni nada por el estilo" y en el juicio por Aratirí en Washington "lo razonable era que fuera por ejemplo el titular de la Secretaría".
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