El sindicato de Antel aclara en un comunicado que la intimación judicial al Poder Ejecutivo, Antel, la URSEC y el Comité de Portabilidad Numérica, no tiene otro objetivo que dejar en suspenso la implementación de la medida anunciada para el 12 de enero, hasta tanto se lleve a cabo el referéndum del domingo 27 de marzo.
Sostiene además que la acción se realiza en el marco de la constitución y la ley y busca evitar los perjuicios al país, la empresa estatal y los usuarios de la telefonía móvil.
Además sostienen que la implementación de la medida no tiene ninguna urgencia.
Advierten que en caso de que se decida continuar con la implementación de la portabilidad numérica, el sindicato evaluará posibles acciones judiciales de responsabilidad en contra de los jerarcas que hubieran podido causar afectaciones al patrimonio de los uruguayos.
El texto termina haciendo un llamado al Poder Ejecutivo, a los parlamentarios de la coalición de gobierno y a los dirigentes de los sectores que la componen a lo que califica no enlodar al sindicato con afirmaciones que faltan a la verdad.
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