Legisladores expresaron su preocupación, señalando que la iniciativa "vulnera un derecho humano fundamental".
En la reunión conjunta de las comisiones de Presupuestos y Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) expuso un plan para combatir la alarmante siniestralidad laboral en Uruguay, que registra casi un fallecimiento por semana y cerca de 40.000 accidentes anuales.
Sin embargo, la propuesta central de intercambiar información con el Ministerio del Interior generó una fuerte controversia en el Parlamento, que alerta sobre una posible violación al derecho a la privacidad.
El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó la "preocupante instancia protagónica" de los siniestros laborales y la puesta en marcha del "Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo". En este marco, el inspector general del Trabajo, Luis Puig, presentó el Artículo 408 del proyecto de Presupuesto, que busca habilitar el intercambio de información entre la Inspección General del Trabajo y el Ministerio del Interior en casos de accidentes laborales graves o mortales.
La finalidad, según Puig, es generar "mecanismos fundamentalmente de prevención" y obtener una visión más clara de la génesis de los accidentes, apoyándose en la presencia inmediata de la Policía Científica. Se argumentó que esta cooperación interinstitucional es "una práctica saludable e imprescindible" y que ambos ministerios mantienen confidencialidad en sus procedimientos.
No obstante, esta medida encontró la férrea oposición de varios legisladores. El diputado Gerardo Sotelo (Partido Independiente) advirtió que el Artículo 408 "vulnera un derecho humano fundamental, que es el derecho a la privacidad", al pretender que no rijan los límites de la Ley n.º 18.381 de Protección de Datos Personales. Sotelo y otros señalaron que esta excepción podría dejar al Estado uruguayo en deuda con convenios internacionales y el principio de finalidad, que restringe el uso de datos a los propósitos para los cuales fueron recolectados.
El diputado Pablo Abdala (Partido Nacional) coincidió, calificando la disposición como "no pertinente y hasta peligrosa". La preocupación reside en que el Ministerio del Interior, que posee vasta información personal, podría compartirla sin las salvaguardas legales actuales, afectando a cualquier ciudadano.
Otro punto de debate fue el Artículo 409, que propone asegurar la reserva de identidad de los testigos en investigaciones de vulneración de derechos fundamentales en el ámbito laboral, como trabajo esclavo, discriminación o libertad sindical. Puig explicó que esto busca proteger a los testigos de "posibles acciones de represalia".
Sin embargo, diputados como Amin Niffouri (Partido Nacional) y Adrián Juri (Partido Colorado) cuestionaron si esta medida no limitaría la capacidad de defensa del inspeccionado y criticaron la redacción del artículo. El Ministerio aclaró que la reserva se aplicaría a todo el expediente en casos de derechos fundamentales, no a cualquier inspección.
En base a versión taquigráfica.
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