El director de SADAR, Santiago Güelfi, calificó la medida como una "mala señal" que se suma al aumento de la patente y de la energía en cargadores públicos.
Empresarios del sector automotor, con foco en la comercialización de vehículos eléctricos, cuestionaron la decisión del Poder Ejecutivo de gravar con IMESI a estas unidades a partir del 1° de enero de 2027. Santiago Güelfi, director de SADAR, advirtió que la medida representa una "mala señal" para el desarrollo de la movilidad eléctrica en Uruguay y alertó sobre las consecuencias que este cambio de reglas de juego tendrá para los consumidores.
Para Güelfi, la imposición del tributo interrumpe una política de Estado que estaba claramente definida y que venía logrando una participación creciente de los eléctricos en el mercado local. El empresario señaló que esta decisión no es aislada, sino que se suma a otros factores que desalientan la transición energética, como el incremento en el costo de la energía en la red de cargadores públicos y la suba de la patente. "Son señales negativas que lo único que generan es confusión en el consumidor", afirmó.Desde el sector se rechaza el argumento de que estos vehículos sean artículos de lujo.
Güelfi sostuvo que "está demostrado que los autos eléctricos no son de alta gama" y fundamentó su posición en que el 70% de las ventas actuales corresponden a modelos con un precio inferior a los 30.000 dólares. Según explicó, el mercado venía registrando una fuerte caída de precios: mientras que en 2022 un auto eléctrico promedio costaba 47.000 dólares, hoy ese valor se sitúa en el entorno de los 26.000 dólares. "Le estamos subiendo el precio a un producto que venía bajando de precio", lamentó el directivo.
Respecto a la implementación técnica del impuesto, el decreto establece que las unidades con un valor de aduana superior a los 19.000 dólares (aproximadamente 30.000 dólares de venta al público) pagarán un 5% de IMESI, tasa que subirá al 9% para aquellos que superen los 27.000 dólares de valor en aduana. Güelfi advirtió que estos topes son riesgosos debido a la volatilidad del comercio internacional. Factores externos como el costo de los fletes, seguros o la logística portuaria podrían provocar que modelos que hoy están exonerados pasen a estar gravados en pocos meses, encareciendo el producto final independientemente de su valor de fábrica.
Esta nueva normativa modifica el esquema vigente desde enero de 2022, cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou estableció la exoneración total del IMESI para promover la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables. Con el nuevo cronograma, el sector prevé un impacto directo en los precios de venta a partir de 2027 para todos los modelos que excedan la franja básica de exoneración.
Suscríbete y recibe todas las mañanas en tu correo lo más importante sobre Uruguay y el mundo.