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"Riesgo inminente" en 37 residenciales de Montevideo

Un informe dado a conocer por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho asegura que en varias casas de salud se vulneran derechos humanos.
13 de agosto de 2020 - 00:00

Este jueves en el encuentro de jerarcas del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) el tema que abarcó buena parte de la reunión fue la grave denuncia pública, y que puede tener consecuencia penal, sobre la situación de varios residenciales en Montevideo.

Esta realidad salió a la luz luego que la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Udelar solicitara información sobre estos establecimientos a la división de Regulación de Inmayores dependiente del Mides.

El informe identificó a 37 residenciales de ancianos en estado de “riesgo inminente” en la capital en lo que respecta a condiciones higiénicas y hacinamiento dentro de los lugares.

El documento establece que en estos lugares viven en total, 538 adultos mayores: 110 hombres y 349 mujeres. 

Se constataron graves carencias: la higiene de diez de casas de salud relevada es “mala”, en 15 apenas “regular”. 

Sobre la higiene de los residentes, en la mitad, la situación es “regular” y en cinco hogares es “mala”. La reserva de alimentos es insuficiente en 23 de estos residenciales.

La fiscalización del MSP y del Mides en abril de 2020, en plena pandemia, también constató que en 14 residenciales había medidas de sujeción de las personas.Eso quiere decir que, varios de los usuarios, estaban atados sin justificación médica. 

Sorprendió además que en 4 residenciales hay cámaras de videovigilancia en los dormitorios o baños, y en uno de los locales hay candados en algunas puertas. 

Por otro lado, se constató que en un residencial ni siquiera hay suficientes camas para el número de residentes. También se informó que en 12 residenciales hay malas condiciones edilicias.

La Clínica de Litigio Estratégico de Facultad de Derecho dirigida por Juan Ceretta iniciará acciones legales por violación de derechos humanos en las referidas casas de salud.

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