El texto completo reúne las prioridades, líneas de acción y fases de implementación del plan de seguridad a diez años.
El presidente Yamandú Orsi, el ministro Carlos Negro y el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, presentaron este jueves el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, una estrategia a diez años que pone el foco en la reducción de los delitos más graves, con especial énfasis en homicidios, violencia de género y contra menores, armas, narcotráfico y ciberdelitos.
El documento plantea un cambio de enfoque: dejar atrás las respuestas fragmentadas y avanzar hacia una política de Estado sostenida en el tiempo. “El país necesita una estrategia integral y sostenida para enfrentar uno de sus principales problemas”, señala el texto.
Uno de los ejes centrales es la reducción de homicidios, con intervenciones focalizadas en los territorios más violentos. El plan propone “concentrar capacidades donde el daño es mayor” y reforzar la investigación para “cortar escaladas de violencia”. En la práctica, esto implica desplegar operativos dirigidos a zonas críticas, priorizar casos de alto riesgo y mejorar la capacidad de esclarecimiento de crímenes para evitar nuevas represalias.
También se establece como prioridad la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, se busca “que el Estado llegue antes, proteja mejor y sostenga un acompañamiento real en los momentos de mayor vulnerabilidad”. La implementación apunta a mejorar el seguimiento de casos, coordinar mejor entre instituciones y fortalecer los mecanismos de protección para evitar que las víctimas queden desatendidas.
Otro punto clave es el control de armas de fuego, consideradas un factor determinante en la violencia. El objetivo es “reducir la disponibilidad, los desvíos y la circulación”, además de fortalecer la trazabilidad para investigar el tráfico ilegal. Esto se traducirá en mayores controles sobre el circuito legal, fiscalización focalizada y mejores sistemas para rastrear armas utilizadas en delitos.
En paralelo, el plan apunta a debilitar el narcotráfico y las economías criminales, no solo en sus manifestaciones visibles, sino en sus estructuras. Para ello, propone “afectar las estructuras, la logística y el financiamiento de los grupos criminales organizados”. La estrategia incluye más inteligencia criminal, investigaciones patrimoniales y coordinación internacional para desarticular redes y no solo puntos de venta.
El documento también incorpora con fuerza el combate a los ciberdelitos, un fenómeno en crecimiento. La estrategia busca “reforzar la prevención y la protección de usuarios” y mejorar las capacidades de investigación en el entorno digital. Para ello, se prevé invertir en tecnología, capacitar equipos especializados y mejorar la respuesta ante fraudes y ataques informáticos.
A nivel institucional, el plan plantea una reforma del sistema de justicia penal, concebido como una cadena completa. “El sistema penal debe funcionar de punta a punta”, desde la denuncia hasta la reinserción social, con el objetivo de reducir la impunidad y la reincidencia. Esto supone mejorar, de acuerdo al texto presentado, la coordinación entre Policía, Fiscalía y sistema penitenciario, reducir demoras y fortalecer las condiciones de cumplimiento de penas.
Además, el plan impulsa la creación de un sistema de prevención del delito “sostenido, coordinado, focalizado y medible”, que permita intervenir de forma diferenciada según los riesgos de cada territorio y población.
El plan se implementará en tres fases: una primera etapa enfocada en contener los daños más urgentes, una segunda orientada a mejorar la coordinación y la investigación, y una tercera centrada en sostener resultados y profundizar la prevención.
“El Plan no promete soluciones rápidas. Propone algo más exigente: trabajo sostenido, prioridades claras, coordinación institucional, monitoreo permanente y capacidad de corrección”, concluye el documento.
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