9 de septiembre de 2016 - 00:00 La oposición se mostró a favor de la decisión del Directorio de ANCAP de destituir al gerente general de ALUR, Manuel González y de rechazar los preacuerdos negociados por parte de la gerencia de la empresa con el Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar (SOCA) y los trabajadores de Agroalur.
La noticia fue destacada tanto por blancos y colorados; en tanto desde el Frente Amplio se coincidió en rechazar el preacuerdo salarial, aunque se cuestionó la destitución de González sin motivos aparentes.
El senador colorado Pedro Bordaberry pretendía solicitar la interpelación de la ministra Carolina Cosse tras conocerse la polémica por el acuerdo salarial, pero según indicó tras la medida del directorio “se suspende el llamado porque es algo bueno lo resuelto”. “Ancap tiene que seguir actuando de esta forma con el negocio del cemento y con las demás empresas satélite que tiene”. “Hay que revertir las situaciones generadas por los últimos seis años de administración. Son buenos los cambios”, sentenció.
Por su parte, el senador nacionalista Álvaro Delgado consideró que “la fiesta se terminó el Alur y Ancap”, aunque indicó que “es una señal positiva por parte del directorio “otra vez se corta por lo más fino”.
Desde el Partido Independiente, Pablo Mieres manifestó que “el pre acuerdo anunciado no tenía lógica” y que “era de un mundo paralelo” y criticó que Alur “es una empresa que solo tiene como cliente a Ancap y le compra al precio que a Alur le sirve para mantener un resultado positivo”. “Si a eso se sumaba financiar aumentos salariales espectaculares, era insostenible”, finalizó.
El Frente Amplio también adhirió a la decisión de no ratificar el pre acuerdo salarial porque “era insostenible”, aunque el senador Marcos Otheguy se preguntó “si era necesaria la remoción del gerente general”. “Se habrá evaluado la situación, pero desconocemos los motivos para solicitar la renuncia”, dijo.
Sobre el pre acuerdo, agregó que “iba en una dirección que no se podía fundamenta ni explicar dadas las condiciones actuales del país y de la realidad del resto de los trabajadores del Uruguay”. “Si eso era responsabilidad del gerente o no, habrá que investigarlo”, finalizó, recordando que “este tipo de negociaciones no las refrenda un cargo gerencial exclusivamente, sino que tiene que tener el visto bueno la autoridad política que dirige Alur y eso hay que considerarlo".