En una audiencia el 13 de mayo se imputó a cinco hombres por el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo en el marco de la Operación Océano.
Además, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género solicitó a la jueza Adriana de los Santos suspender la patria potestad de los imputados.
La jueza hizo lugar a la formalización de la investigación, pero rechazó la aplicación de este artículo por entender que el mismo corresponde solamente cuando existe una condena.
Sin embargo, el tribunal integrado por los ministros Sergio Torres, Graciela Gatti y Alberto Reyes revocó esa decisión y dio la razón a la Fiscalía en este punto.
"La imperativa solución por la que optó el legislador -más allá que se comparta o no- no solo extiende su efecto inhibitorio hacia el individuo condenado sino también al formalizado o procesado, según el régimen que se aplique", considera el tribunal en la sentencia.
Por otra parte, el mismo tribunal desestimó las apelaciones presentadas contra la formalización de la investigación por varias de las defensas de los imputados. "La Fiscalía dio cuenta en forma concreta que contaba (y cuenta) con 'elementos suficientes' de los delitos atribuidos y 'la identificación' de sus presuntos responsables", afirma el Tribunal.
Por la denominada "Operación Océano" ya han sido imputadas 21 personas.
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