No devolver excedentes de Fonasa es ilegal, según tributaristas

"Lo absurdo es que con los sistemas informatizados actuales no exista un mecanismo que permita que se pueda dejar de pagar cuando se llega al tope, como sí pasa en el caso de los profesionales que dejan de aportar una vez que llegan al tope", explicó Varela. 

El especialista opinó que el hecho de que haya un sobrante de los aportes constituye una "tentación innecesaria" porque el Estado cuenta con "50 o 60 millones de dólares" en caja que no puede utilizar. A esto se suma que la devolución de ese excedente es sin intereses y con moneda depreciada por la inflación.

La otra opción supondría la eliminación del tope de aportes, pero esto sería inconstitucional. "El aporte al Fonsa es un aporte exclusivo para la seguridad social, lo que quiere decir que lo que uno paga debe tener un nivel similar al  beneficio que se recibe (...) no puede estar muy por encima de lo que me cobraría una mutualista; porque eso lo transforma en un impuesto y no en una contribución para acceder al sistema de seguridad social (...) Para eso está el IRPF que puede seguir subiendo indiferentemente", indicó.

Desde el punto de vista constitucional, el principal inconveniente radica en que esta modificación se planea incluír en la Rendición de Cuentas, lo que lesiona el inciso 2° del Art 216 de la Constitución ("declárase la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, seguros sociales, o previsión social que se contenga en leyes presupuestales o de rendición de cuentas"). 

Retener los excedentes de Fonasa es una "tentación indebida" (...) Por más que lo devuelva, el Estado funciona con 60 o 70 millones de dólares que no le corresponden

El catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Montevideo, Eduardo Esteva, explicó que el texto prevé que "no se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de Rendición de Cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato de Gobierno ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución".

Esteva agregó a este punto la violación  de los artículos 32, 72 y concordantes por "lesión al derecho de propiedad en alguna de sus manifestaciones" ya que la retención de excedentes supone "una especie de tributación forzada que va más allá de lo que es la noción general de los tributos".

La forma de poder disponer de esos excedentes sería a través de una ley en la que debería establecer "argumentos de interés general". 

ANTECEDENTES. Lejos de ser nueva, esta posibilidad se discutió en 2013, durante el gobierno de José Mujica y también fue criticada por especialistas en materia legal.

"Las contribuciones especiales de seguridad social son una especie tributaria que se caracteriza por tener como presupuesto de hecho la prestación de una actividad por parte del Estado. Esa actividad es la cobertura de los riesgos de seguridad social. Su monto está limitado por el beneficio económico que recibe quien se halla obligado a tributar", indicó en el comunicado emitido en su momento por el Colegio de Abogados. 

En ese sentido, la organización planteó que "el legislador, atento al mandato constitucional, cuantificó el beneficio en la ley 18.731 y estableció un límite más allá del cual, el Estado no tiene derecho a mantener en sus arcas lo recaudado por Fonasa".

En 2010, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado, Fernando Lorenzo, entonces ministro de Economía, dijo que "el fundamento de fijar un tope a los aportes del Fonasa es evitar que haya componentes impositivos en los aportes personales de los trabajadores y transferencias interpersonales e intergeneracionales en el sistema". 

"La filosofía de esto es separar el sistema tributario del seguro de salud que financia el Fondo Nacional de Salud", dijo el entonces ministro.