Industria presentó al Parlamento su ambiciosa meta de descarbonizar el transporte público y de centralizar la certificación de energías limpias.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) manifestó el compromiso de que el 50% de la flota de movilidad pública utilice energía eléctrica para el año 2030. Además, busca centralizar la certificación de energías limpias idea que fue cuestionada por legisladores.
La ministra del MIEM, Fernanda Cardona, junto al director general de Secretaría, Rodrigo Díaz, y la directora nacional de Energía, Arianna Spinelli, presentaron estos planes en la reunión de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Parlamento.
El plan para alcanzar que el 50% de la flota de movilidad pública sea eléctrica para el año 2030 es uno de los cuatro compromisos del gobierno asumidos por el Ministerio y cuyos resultados serán medidos por la Presidencia de la República.
Este objetivo se centra en la sustitución progresiva de tecnologías contaminantes por alternativas limpias en el transporte colectivo de pasajeros, enfocándose particularmente en la meta de que el 50% de los ómnibus urbanos sean eléctricos al finalizar el período.
Según las autoridades, la implementación de este compromiso forma parte de la nueva política de movilidad urbana sostenible y requiere la colaboración estrecha del MIEM con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las intendencias departamentales.
Para llevar a cabo esta estrategia, el Artículo 298 del proyecto de Presupuesto asigna partidas presupuestales para financiar el desarrollo e implementación de la política de movilidad, lo cual implica la realización de estudios de desarrollo de infraestructura, la evaluación de la penetración de las distintas tecnologías de transporte, y la adecuación de los incentivos tributarios para impulsar la descarbonización de la demanda energética.
Otro punto crucial en la exposición fue la propuesta de establecer que el Sistema de Certificación de Energías Renovables (SCER) administrado por el MIEM sea el único válido en Uruguay para certificar el origen de la energía. Este sistema, creado por decreto en 2021, actualmente ya atiende a 110 empresas.
La propuesta busca evitar un "doble sistema de contabilidad" del origen de la energía renovable en el Sistema Interconectado Nacional, lo cual, según los técnicos del Ministerio, podría hacer que el sistema deje de ser "robusto" y falle si hay duplicación.
Sin embargo, esta medida generó críticas en la Comisión. El diputado colorado y exsubsecretario de Industria, Walter Verri señaló que la creación de un único certificador por ley implica un monopolio y que "habría que reconocerles esa posibilidad" a los operadores privados. Argumentó que el mercado energético ha cambiado, que los operadores privados han llegado para quedarse y que, por lo tanto, debería reconocerse la posibilidad de que operadores privados también pudieran certificar la energía renovable, siempre y cuando estuvieran controlados y regulados por el MIEM.
También se manifestó el diputado Juan Martín Rodríguez (PN) que expresó "serias dudas" sobre el Artículo 296, entendiendo que la monopolización de esa facultad por parte del MIEM era un error que limitaba la posibilidad de que terceros pudieran otorgar certificados.
La directora de Energía, Ing. Spinelli, defendió que la existencia de dos agencias certificadoras comprometería la solidez del sistema.
Redacción Telenoche en base a versión taquigráfica.
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