12 de junio de 2017 - 00:00
La familia de Valeria Sosa, la bailarina de Mi Morena asesinada por su expareja el pasado 30 de enero, realizó una demanda contra el Ministerio del Interior por daños y perjuicios y lucro cesante.
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MI niega responsabilidades en caso Valeria Sosa
El Ministerio de Interior a través de la jefa de Servicio Jurídico dijo que nada tuvieron que ver en el asesinato, negando los hechos reclamados y advirtiendo que no se hacen responsables de las declaraciones de Eduardo Bonomi a la prensa.
El asesino de Sosa era policía y la mató con su arma de reglamento, que portaba a pesar de haber sido denunciado por violencia doméstica.
En la audiencia de este lunes, los demandantes no solo quedaron disconformes con el resultado, sino que también se indignaron con la actitud de la jefa de Servicio Jurídico del Ministerio del Interior.
El abogado de la familia, Ignacio Durán, explicó a Telenoche que al comenzar la audiencia, la abogada del Ministerio del Interior pretendió darles "una suerte de pésame", en una actitud que irritó bastante a los familiares, al punto que la madre se descompuso y se retiró llorando de la sala.
"Fue bastante inoportuno y extemporáneo. Bastante fuera de lugar y fuera de lo jurídico (...) A cinco meses del hecho, nunca llamaron, no se presentaron al velorio ni preguntaron si precisaban algo", explicó Durán.
Por otro lado, también sorprendió que el ministerio negara toda responsabilidad sobre los hechos, a pesar de que el propio ministro, Eduardo Bonomi, declaró en su momento que se le había iniciado sumario a 19 funcionarios de la cartera por este caso.
Según reconoció el ministro, la denuncia de Valeria Sosa hacia su expareja ni siquiera había sido derivada a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica (UEVD).
Sin embargo, la representante legal del ministerio deslindó responsabilidades de la cartera en este hecho.
"Lo jurídico es una cosa y lo político es otra, el Ministerio no tuvo ningún tipo de responsabilidad en este caso", dijo, según relató Durán.
DEMANDA CIVIL. La madre y los hermanos de Valeria Sosa iniciaron una demanda civil contra el Estado por daño moral, perjuicios y lucro cesante tras la muerte de la joven.
La suma total del dinero que reclama la familia es de U$S 550.000 por daño moral y $U 960.000 de lucro cesante. La madre recibiría U$S 100.000; los dos hijos de Valeria U$S 300.000; y los hermanos de la joven U$S 50.000.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, admitió en su momento que los efectivos policiales no actuaron de manera adecuada en el caso. Además indicó que el homicidio “pudo y debió” ser evitado.
El dinero de los hijos de Valera Sosa (que aún viven con sus abuelos paternos) será depositado en una cuenta a la cual accederán cuando cumplan la mayoría de edad.
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