En cuanto al impacto, la directora estimó que podría representar alrededor del 15% de la población carcelaria actual, lo que equivale a más de 2.000 personas.
La reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que el gobierno envió al Parlamento prevé ampliar los casos en los que se puede solicitar la libertad anticipada, incluyendo delitos que habían quedado excluidos tras la aprobación de la LUC.
La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, indicó que, de aprobarse los cambios, la medida podría alcanzar a unas 2.000 personas privadas de libertad. En entrevista con Cinco Sentidos de Canal 5, explicó que la iniciativa “amplía” la lista de delitos habilitados, en un esquema similar al vigente antes de la LUC.
Juanche señaló que la libertad anticipada no es resuelta por el INR. “El juez o la jueza tiene la potestad, luego de los informes técnicos que prevé el CPP y que debe hacer el INR, de resolver junto a la Fiscalía”, sostuvo, y agregó que si la Fiscalía no se opone, la Justicia puede otorgarla o no.
También indicó que se trata de un mecanismo previsto como derecho para las personas privadas de libertad, que había quedado limitado a menos delitos. “Siempre existió y la reforma del CPP lo que hace es restablecer el escenario previo a la LUC”, afirmó.
En cuanto al impacto, estimó que podría representar alrededor del 15% de la población carcelaria actual, lo que equivale a más de 2.000 personas.
De todos modos, remarcó que “decir que el Ministerio del Interior va a liberar presos es inexacto”, y subrayó que la decisión corresponde a la Justicia y depende de la aprobación parlamentaria de la reforma.
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