20 de septiembre de 2012 - 00:00
Un nuevo comunicado de la Sociedad Anestésico Quirúrgica (SAQ), responde de manera radical y tajante a las versiones manejadas por el Estado respecto a la posible inhabilitación de los cirujanos renunciantes. Denuncian una violación a sus derechos y un nivel de represión manifiesta de "terrorismo de Estado".
La Sociedad Anestésico Quirúrgica (SAQ) respondieron duramente al anuncio realizado esta semana por el ministro de Salud Pública, Jorge Vengas, quién dijo que el gobierno prepara un proyecto de ley que establece la Emergencia Sanitaria a raíz de las renuncias de estos, con la posibilidad de inhabilitarlos en el ejercicio de la profesión.
La SAQ hizo público un comunicado en el que amenaza con la posibilidad de una renuncia masiva, que dejaría descubierta la totalidad de los servicios de atención.
"El claro y único origen de la presente problemática se encuentra en la existencia de un sistema de relaciones laborales 'en negro', con manifiesto incumplimiento por la Comisión de Apoyo de A.S.S.E. de sus obligaciones como empleadora laboral", dicta el comunicado.
" Los Cirujanos Generales de Guardia...entendieron que a esta altura y luego de años de reclamos y compromisos incumplidos, esa era la única forma de que se les reconocieran sus derechos. Dichas renuncias se realizaron sabiendo que la asistencia de los ciudadanos iba a ser mantenida por otros profesionales que están presupuestados en A.S.S.E. y que por ello estaban a su vez impedidos de renunciar por su sola voluntad", denuncian.
Los profesionales que evalúan que sus derechos han sido vulnerados y que la represión que se maneja en su contra no tiene precedentes la que consideran amenazas directas de parte del gobierno, y agregan, " finalmente, en lugar de proponer finalmente cumplir con la ley y regularizar las relaciones laborales, las autoridades presentan en el día de hoy una batería de amenazas que no solo nada aportan a solucionar en forma razonable y acordada el problema que por culpa de las propias autoridades se ha generado a lo largo ya de años, sino que además son medidas contrarias al Estado de Derecho, violatorias de los derechos de las personas y en particular de los trabajadores, y peligrosamente indiciarias de un rumbo de autoritarismo antidemocrático".
El comunicado cuestiona la integridad del sistema democrático, y llama a " rechazar en forma terminante las medidas propuestas en el día de la fecha por las autoridades, por ser contrarias al Estado de Derecho y constituir una forma de Terrorismo de Estado sobre un grupo de trabajadores que ejerció legítimamente su derecho a no aceptar la continuación de una situación en la que, sistemáticamente, se han estado violando sus derechos laborales y de seguridad social".
Finalmente declaran que, " para el caso de que se efectivicen medidas de cualquier tipo contra los cirujanos que ante el muy grave y sostenido incumplimiento de su empleadora optaron por renunciar a su trabajo, se tomarán por el gremio las medidas que se consideren oportunas, no descartándose entre ellas la no presentación de ningún profesional a completar los cargos vacantes en caso de realizarse un concurso con exclusiones, o hasta la presentación de una renuncia colectiva en todo el sistema sanitario en caso de intentar inhabilitarse a cualquiera de los cirujanos renunciantes".