La Inddhh advirtió sobre el impacto de la violencia territorial en niños y adolescentes y propuso medidas de prevención, protección y rehabilitación.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) advirtió sobre las vulneraciones de derechos que enfrentan niños y adolescentes en contextos de violencia territorial y planteó una serie de medidas para mejorar la prevención, la protección y la reparación de las víctimas.
En un nuevo informe, el organismo señaló que la violencia territorial se convirtió en una condición estructural que afecta la vida cotidiana y vulnera directamente los derechos de menores de edad en Uruguay.
El documento también advierte sobre la fragmentación del territorio y la presencia desigual y desarticulada del Estado. Según la institución, mientras grupos criminales ejercen control en algunas comunidades, los equipos sociales y educativos enfrentan restricciones para ingresar a determinadas zonas y, en ocasiones, dependen del acompañamiento policial para desarrollar sus tareas.
De acuerdo con los datos incluidos en el informe, entre 2023 y 2025 se registraron 58 homicidios consumados y 238 menores de entre 0 y 17 años heridos por armas de fuego.
La franja más afectada por esta violencia es la de los adolescentes de entre 15 y 17 años. Sin embargo, el documento también advierte sobre el aumento sostenido, año a año, de las lesiones por armas de fuego en niños de entre 0 y 14 años.
El organismo puso el foco, además, en las consecuencias que enfrentan quienes sobreviven a los disparos y quedan con secuelas físicas o discapacidades permanentes.
En ese sentido, el informe señala que el Estado carece de protocolos unificados y de rutas de atención continua que garanticen la rehabilitación integral de estas víctimas.
Ante este escenario, la institución planteó la necesidad de crear un comando de respuesta inmediata para menores de edad que enfrenten riesgos de vida, sin que su activación dependa de la presentación de una denuncia penal formal.
También propuso consolidar canales seguros para reportar situaciones de violencia y establecer un sistema único de información que articule a los sectores de salud, seguridad y protección social.
Las medidas apuntan a mejorar la respuesta estatal ante las situaciones de violencia que afectan a niños y adolescentes, así como a garantizar la atención y rehabilitación de quienes resultan heridos.
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