La ley que busca garantizar la “muerte digna”, fue apoyada por 64 votos en 93. Ahora, el proyecto pasará a consideración del Senado.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula la eutanasia, tras un intenso debate que se extendió por más de 14 horas. La iniciativa fue respaldada con 64 votos a favor y 29 en contra. Ahora, el proyecto pasará a consideración del Senado para su debate final y eventual promulgación.
Se establece un marco legal para que las personas mayores de edad, con capacidad psíquica plena, que se encuentren en la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o que sufran dolores insoportables y un grave deterioro progresivo de su calidad de vida, puedan acceder a un procedimiento de eutanasia que garantice una muerte indolora, apacible y respetuosa de su dignidad.
La regulación contempla que la solicitud de eutanasia deberá ser evaluada con la opinión de al menos dos profesionales de la salud. En caso de discrepancias, un comité médico formado por un especialista en la enfermedad, un psiquiatra y otro médico designado será el encargado de resolver. Además, el proyecto prohíbe que esta práctica se realice fuera de los prestadores integrales de salud y solo podrán acceder a ella ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada. La muerte producida por eutanasia será legalmente considerada una muerte natural, incluyendo un control anual a través de una comisión de revisión que informará sobre los casos tratados.
En cuanto a la votación, la iniciativa contó con el apoyo casi unánime del Frente Amplio, acompañado por varios diputados del Partido Colorado, algunos del Partido Nacional y el legislador del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. Diputados como Luis Gallo, uno de los principales impulsores, enfatizaron que esta ley es un acto de amor y un avance para Uruguay como referente en derechos humanos en la región.
Sin embargo, hubo resistencia de sectores del Partido Nacional, Cabildo Abierto, Identidad Soberana y algunos colorados y blancos que manifestaron preocupaciones sobre garantías éticas, jurídicas y la protección del paciente frente a posibles presiones. Algunos diputados opositores calificaron el proyecto como una “ley indigna” que “crea un derecho a matar” y expresaron temor a que esta legislación pueda abrir caminos peligrosos.
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