Para continuar, suscribite a Telenoche. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEl Ministerio del Interior reconoció que contrató a la encargada del Área de Evaluación Psicológica y Seguimiento de Sanidad Policial, Laura Anzalone, sin confirmar si estaba habilitada o no para ejercer como psicóloga.
Anzalone era quien realizaba las pruebas de aptitud psicológica de los efectivos y determinaba si estaban aptos o no para ingresar y ejercer en la fuerza.
"En relación al título de la Sra. Anzalone, se informó que el mismo fue obtenido en España, no teniendo conocimiento de que se encuentre registrado y/o revalidado en el país". Esta fue la respuesta brindada por el Ministerio del Interior este jueves ante la solicitud de informes realizada por el asesor del senador Luis Lacalle Pou, Robert Parrado .
Anzalone renunció en octubre del año pasado tras confirmarse que firmaba como psicóloga y se presentaba como tal sin haber revalidado su título en el Ministerio de Salud Pública, requisito esencial para ejercer en el país.
Desde octubre del año pasado hay una denuncia penal por usurpación de título contra Anzalone, realizada por Parrado. A esto se suma la denuncia penal contra el hermano de Anzalone, Leonardo, quien ejerce como director nacional de Sanidad Policial y fue quien firmó la designación de la psicóloga.
El texto indica que Leonardo Anzalone, aprovechando su cargo de jerarquía, incidió en la contratación de su hermana, Laura, y que su parentezco fue determinante para que la cartera no realizara los controles correspondientes.
"Cuando ingresas como psicólogo presentas todas tus credencias, pero cuando tu hermano es el que hace las contrataciones, no" dijo Parrado a Telenoche Online.
En ese sentido, indicó que se registraron otras irregularidades durante la gestión de Anzalone que fueron anexadas a la denuncia original. Una de ellas involucra a la contratación de un servicio de auditoría.
"Una persona hizo una asesoría, le pagan y el resultado de la auditoría es que se necesita realizar determinado servicio que el propio auditor realiza y el ministerio se lo compra a US$10.000", explicó Parrado.
EL CASO. Según relató en ese momento, el hecho comenzó con una sospecha ante comentarios que ponían en duda la licenciatura de la mujer y derivó en un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública que constató que no estaba registrada.
Según Parrado, “es delicado no solo por tratarse del área de la salud sino por ser del área de la seguridad pública”.
“Hay otros elementos importantes que podrían tener apariencia delictiva que iremos administrando con nuestro equipo de abogados”, puntualizó Parrado, meses atrás.
Suscríbete y recibe todas las mañanas en tu correo lo más importante sobre Uruguay y el mundo.
SUSCRÍBETE