El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, celebró que la aplicación de transporte privado Uber haya adoptado la normativa uruguaya y se haya adherido al registro de servicios de transporte de la capital.
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SUSCRIBITEEl intendente de Montevideo, Daniel Martínez, celebró que la aplicación de transporte privado Uber haya adoptado la normativa uruguaya y se haya adherido al registro de servicios de transporte de la capital.
"(Uber) ayer se anotó (al registro municipal). Creo que es una buena noticia (...). Hay que ir monitoreando cómo evoluciona esta nueva situación en donde hay varias compañías de este tipo de servicios", dijo a la prensa.
"Nos alegramos (...) pero nos preocupa mucho la defensa del taxi como servicio público", agregó.
Tanto el Gobierno de Uruguay como la Intendencia de Montevideo han legislado en los últimos meses para regularizar la situación de estos servicios y lograr así que "convivan" con la actividad pública de los taxistas locales.
Estas medidas se han tomado desde la llegada de aplicaciones de transporte privado al país como la norteamericana Uber, la brasileña Easy Taxi o la española Cabify,
El pasado 15 de febrero el Gobierno uruguayo anunció un régimen tributario para estas compañías por el que pagarán impuesto a la renta e IVA, mientras que los conductores asociados a la aplicación tendrán que registrarse como pequeñas empresas.
Anteriormente, en noviembre de 2016, Martínez presentó un proyecto de ley que se materializó en enero de 2017 por el que se estableció un registro de vehículos, de conductores y de las plataformas electrónicas.
Así, los chóferes deben tener una licencia de conducción profesional, un seguro especial y aportar al Banco de Previsión Social, y los vehículos no pueden tener más de cuatro años de antigüedad (diez en el caso de los eléctricos) y deberán someterse a una inspección técnica anual, al igual que los taxis.
Además, las autoridades de la ciudad estipularon el cobro una tasa de 1,7 pesos uruguayos (0,06 dólares) por cada kilómetro recorrido durante el servicio, por concepto de uso de las vías de circulación y la potestad de fijar tarifas máximas cuando considere que las exigidas por las aplicaciones puedan estar siendo abusivas.
"Nosotros pusimos reglas de la Intendencia, y luego somos parte de un país que tiene sus reglas e instituciones. Exigimos que cumplieran con lo nacional, que era la contribución a la seguridad social y la carga impositiva que determina el Gobierno, y que nosotros obviamente le exigimos", aseveró el intendente.
EFE
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