El nuevo beneficio sustituirá de forma gradual las actuales asignaciones familiares y la Tarjeta Uruguay Social. El gobierno busca unificar las transferencias, mejorar la gestión y reducir inequidades en el sistema.
La Rendición de Cuentas propone la creación de la Asignación Única para la Infancia y Adolescencia, un nuevo beneficio que sustituirá progresivamente a las asignaciones familiares contributivas, las asignaciones familiares no contributivas del Plan de Equidad y la Tarjeta Uruguay Social.
Según el Poder Ejecutivo, la medida busca unificar el sistema de transferencias destinado a niños, adolescentes y personas gestantes en situación de vulnerabilidad. El objetivo es reemplazar los distintos programas vigentes por un único beneficio mensual, con un solo sistema de gestión y una administración compartida entre el Mides y el Banco de Previsión Social (BPS).
El gobierno sostiene que la coexistencia de varios programas genera "inequidades, duplicaciones y brechas de cobertura". Con la nueva asignación, asegura que se simplificará la administración, se hará más eficiente la gestión y se reducirá la diferencia en el acceso a los beneficios entre familias que atraviesan situaciones similares.
La creación de la prestación está prevista en el artículo 260 del proyecto de Rendición de Cuentas. Los artículos 261 al 274 establecen el funcionamiento del nuevo régimen.
Entre los principales aspectos, el texto prevé una implementación gradual para evitar que las familias pierdan beneficios durante la transición hacia el nuevo sistema. Además, declara la prestación inalienable e inembargable, por lo que no podrá ser cedida ni embargada.
También asigna la gestión a la Dirección de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, establece que los montos se actualizarán por el Índice de Precios al Consumo (IPC) y crea un sistema de acreditación periódica para verificar que los hogares mantengan las condiciones de vulnerabilidad exigidas para acceder al beneficio.
Como parte de ese control, el Mides y el BPS podrán revisar los ingresos, la composición del hogar y la situación socioeconómica de los beneficiarios. El proyecto no incorpora nuevas contraprestaciones vinculadas a la educación o la salud, por lo que se mantendrán las exigencias actualmente vigentes.
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