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El estudio jurídico que representa a la minera Aratirí en la demanda contra el Estado uruguayo, King & Spalding, había sido contratada en su momento por Gas Sayago para tareas que "no están del todo claras", según el diputado nacionalista Pablo Abdala.
El legislador y miembro denunciante en la comisión de diputados que investiga el proceso licitatorio del proyecto que quedó trunco, recordó a Telenoche que dicho estudio cobró US$ 1.400.000 por su participación.
"La contrataron como un estudio internacional y lo único que se insinuó es que esta gente había colaborado en contactos que se hicieron con empresas proveedoras de gas licuado, de materia prima para la regasificadora. Nunca se llegó a firmar un contrato con ningún proveedor, pero en todos los sondeos que se hicieron, supuestamente esta empresa habría participado", dijo Abdala.
El diputado sostuvo a su vez, que las autoridades de UTE en la comisión investigadora "nunca fueron muy precisas en cuanto para qué se la contrató y qué función cumplió" dicha firma, a la que se le amplió el contrato.
DEMANDA. Este jueves, la empresa Aratirí anunció que demandará al Estado por el "incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay".
La minera denuncia que la administración de José Mujica "no cumplió con sus promesas ni sus obligaciones, frustrando así el desarrollo del Proyecto y causando muy importantes pérdidas los inversores".
Fuentes del gobierno dijeron al semanario Búsqueda que la decisión de la empresa fue comunicada al Ejecutivo en la tarde de ayer. Esto fue confirmado por la propia empresa a través de un comunicado este jueves.
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