El sindicato de la construcción remarcó que las acusaciones en su contra fueron falsas, señalando que sus finanzas fueron examinadas por el Tribunal de Cuentas y la Senaclaft sin registrar observaciones.
El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) destacó el archivo de la causa judicial que investigaba el presunto desvío de fondos desde el Fondo Social de Vivienda de la Construcción (Fosvoc). En ese marco, el sindicato anunció que presentará una demanda civil contra las personas ya condenadas.
A través de un comunicado de prensa, el Sunca recordó que la estafa contra el Fosvoc fue detectada inicialmente gracias a una auditoría y una investigación interna promovidas por el propio sindicato. Tras este hallazgo, la organización impulsó la denuncia penal correspondiente en conjunto con las cámaras empresariales del sector de la construcción, además de proceder a la expulsión de los exmilitantes gremiales que fueron identificados como responsables de la maniobra.
Durante el proceso judicial fueron condenadas ocho personas mediante la modalidad de juicio abreviado. Algunos de los procesados recibieron condenas por delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de activos. El Sunca señaló que estos juicios abreviados evitaron que los implicados tuvieran que responder ante la Justicia qué hicieron concretamente con el dinero robado.
El gremio calificó como falsas las acusaciones que vinculaban al sindicato con el destino de los fondos, explicando que fueron formuladas por los propios condenados sin presentar ninguna prueba física. Los implicados habían afirmado que el dinero robado se había derivado al Sunca, a la campaña del plebiscito del "Sí" por la seguridad social y a la campaña electoral del Partido Comunista del Uruguay (PCU).
Frente a estas versiones, el Sunca enfatizó que sus finanzas fueron sometidas a rigurosos controles. Las cuentas de la organización fueron objeto de auditorías internas y externas, examinadas por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y revisadas durante tres meses por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), culminando todos los procesos sin ningún tipo de observaciones.
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