El TCA consideró que las modificaciones al contrato fueron sustanciales, pero el presidente de OSE anunció que se reiterará el gasto para asegurar el agua potable.
El Tribunal de Cuentas (TCA) resolvió observar las modificaciones realizadas al Proyecto Neptuno, la iniciativa de infraestructura hídrica destinada a reforzar el abastecimiento en el sur del país. A pesar del fallo adverso del organismo de contralor, el Poder Ejecutivo ratificó su decisión de continuar con las obras previstas para asegurar el suministro.
La resolución del Tribunal contó con el voto a favor de los cuatro ministros de la oposición, mientras que los tres ministros oficialistas votaron de forma negativa. El argumento central de la observación radica en que los cambios introducidos por el gobierno, que incluyen una nueva ubicación geográfica para la captación de agua bruta, modifican sustancialmente el objeto del contrato original.
Según el dictamen, si el objeto contractual hubiera contado desde el inicio con las condiciones establecidas en la renegociación actual, podrían haberse presentado otros oferentes o realizado ofertas bajo condiciones diferentes a las que finalmente fueron adjudicadas. El fallo advierte que esta situación vulnera el principio de igualdad entre los participantes de la licitación.
Pablo Ferreri, expresó su malestar tras conocerse la decisión, señalando que el organismo se enteró de la resolución a través de la prensa y no por una notificación formal. El presidente de OSE aseguró que el gobierno procederá a reiterar el gasto, un mecanismo administrativo que permite seguir adelante con la ejecución del proyecto a pesar de la observación del Tribunal.
El jerarca defendió la legalidad de la iniciativa y afirmó que el fallo no pone en duda los fundamentos de interés público, ni la conveniencia técnica o económica de los aspectos renegociados. "Básicamente la resolución del tribunal se basa en que los cambios al objeto del contrato son sustanciales. Yo quiero decir que la opinión del tribunal es contraria a todos los catedráticos de derecho administrativo del país", sostuvo Ferreri.
Desde la administración se insiste en que el proyecto es una prioridad absoluta para garantizar el suministro de agua potable a la población de Montevideo, el área metropolitana y la Costa de Oro. Según las autoridades, existen necesidades "urgentes e imprescindibles" de avanzar con obras de infraestructura que aseguren el abastecimiento hídrico.
En los próximos días, el gobierno formalizará la reiteración del gasto para dar cumplimiento al cronograma de obras, bajo la premisa de que el mandato de asegurar el agua potable es una obligación primordial que debe cumplirse.
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