Los tres hombres y la mujer fueron formalizados en el marco de la operación Tridente y deberán cumplir 180 días de prisión preventiva.
Tres hombres y una mujer fueron formalizados por delitos vinculados a la trata de personas y la explotación sexual de menores, entre otras figuras penales, y deberán cumplir 180 días de prisión preventiva. La investigación comenzó a partir de denuncias presentadas por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por salidas no autorizadas de adolescentes del Hogar Magnolia, ubicado sobre la calle Agraciada, en Montevideo.
Entre los imputados hay un funcionario policial de 40 años al que se le imputaron delitos de retribución o promesa de retribución a una persona menor de edad por la ejecución de actos sexuales, uso de tecnologías para contactar a menores con fines de cometer delitos contra su identidad sexual y revelación de secretos.
Una mujer de 19 años y un hombre de 20 fueron formalizados por delitos de trata de personas y asociación para delinquir, además de delitos vinculados a la divulgación de imágenes o grabaciones de contenido íntimo, la difusión de material pornográfico de adolescentes y el uso de tecnologías para contactar a menores con fines de cometer delitos contra su integridad sexual.
El cuarto imputado, un hombre de 31 años que posee antecedentes penales, fue formalizado por delitos de trata de personas y asociación para delinquir.
El operativo que derivó en la detención de los ahora imputado sincluyó varios allanamientos en los barrios Belvedere y Maracaná, en Montevideo, y en la ciudad de San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó. El procedimiento fue llevado adelante por equipos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol y de la Dirección Departamental Especializada en Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Durante los allanamientos se incautaron teléfonos celulares, computadoras, una balanza de precisión, una munición calibre 9 milímetros y una libreta con anotaciones, entre otros elementos. Los dispositivos electrónicos serán sometidos a pericias técnicas y posteriormente enviados a Cibercrimen para su análisis.
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