Al cierre del censo la población penitenciaria total ascendía a 16.570 personas. La tasa de prisionización alcanzó casi 480 personas por cada 100.000 habitantes.
Este viernes se conocieron los resultados del Censo de Personas Privadas de Libertad, elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior.
El censo de 2025, el segundo que se realiza, reveló un crecimiento exponencial del sistema penitenciario, que pasó de 6.757 reclusos en 2003 a 16.570 en 2025. El estudio refleja que la población carcelaria es mayormente joven, con una fuerte presencia de varones cis y una proporción de personas afrodescendientes que duplica a la de la sociedad general.
El trabajo evidencia graves vulnerabilidades previas, como altas tasas de abandono escolar temprano, antecedentes de vida en la calle y problemas de consumo de sustancias.
Además, la investigación da cuenta de graves deficiencias estructurales dentro de los establecimientos, destacando escasas oportunidades laborales remuneradas, problemas de salud mental y una demanda generalizada de empleo por parte de los reclusos para lograr una efectiva reinserción social al recuperar su libertad.
Al cierre del censo, en diciembre de 2025, la población penitenciaria total en Uruguay ascendía a 16.570 personas (frente a 6.757 en 2003), y la tasa de prisionización alcanzó casi 480 personas por cada 100.000 habitantes, casi duplicando la cifra registrada en el censo de 2010 (253 por 100.000).
Del total, más del 96% de las personas censadas se encontraban en condición de condenadas/penadas (98,5% en mujeres y 96,1% en hombres).
El 92,1% de los reclusos censados se identifica como hombres cis, un 7,4% como mujeres cis y un 0,3% como personas trans.
La población es fuertemente joven: el tramo de 25 a 34 años concentra más del 40%, mientras que el promedio general de edad es de 33 años en hombres y 35 en mujeres.
Además, el 54,7% se autoidentifica como blanca, el 20,2% como afrodescendiente o negra (sobrerrepresentada frente al 10,4% en la población general) y el 4,2% como indígena.
El 96,4% nació en Uruguay y el 52,4% de las personas privadas de libertad nacidas en el país son oriundas de Montevideo.
El informe señala que una de cada cinco personas privadas de libertad vivió en situación de calle durante su infancia o adolescencia, y cerca del 27% estuvo institucionalizado. Entre los hombres predominan los ingresos por infracción a la ley penal (17,4%), mientras que en mujeres predomina el amparo/protección (13,8%).
El 22,7% de las personas privadas de libertad vivió en hogares con presencia de actividades delictivas o violencia familiar.
La mediana de edad al cometer el primer delito es de 18 años, y el 48,7% de los hombres comenzó antes de los 18 años, frente al 20,3% de las mujeres (quienes inician mayoritariamente en la adultez).
El 55,9% del total es reincidente: entre las mujeres, el 68% se declaró primaria, frente al 42,2% en los hombres.
Además, el 71,1% tiene familiares o amigos con antecedentes penales y el 46,2% tiene al menos una persona cercana actualmente en prisión. Entre las mujeres se destaca que el 26,2% tiene o tuvo una pareja con antecedentes penales y el 17,7% tiene a su pareja privada de libertad.
En materia educativa, el censo revela que el 51% se desvinculó de la educación formal a los 14 años o antes, mientras que el 74,4% posee como máximo nivel educativo el Ciclo Básico (completo o incompleto) o la primaria.
En cuanto a la experiencia laboral, el 87,7% ha tenido algún trabajo remunerado a lo largo de su vida.
Un 60,4% se encontraba trabajando justo antes de su detención, predominando las changas o trabajo por cuenta propia sin local (37,1%) y el empleo privado informal. El 57,4% de los ocupados no realizaba aportes a la seguridad social (BPS).
En prisión, el 41,6% participó en actividades educativas en los últimos 12 meses (63,4% en mujeres y 39,8% en hombres). De quienes no estudian, el 47,1% señala que lo solicitó pero no hubo posibilidades o cupos.
Mientras tanto, el 37,9% realiza actividades laborales en la unidad (54,7% de las mujeres y 36,5% de los hombres). El 85,4% de los que trabajan no recibe remuneración monetaria.
El 76,4% de quienes estudian o trabajan accede a la redención de pena.
El censo revela que el 74,6% registra un único delito tipificado en su causa actual. Los tipos de delitos más frecuentes son hurto (25%), delitos de estupefacientes (21,8%) y rapiña (18,1%).
Entre los hombres predominan los delitos contra la propiedad (hurto 26%, rapiña 18,8%), mientras que en las mujeres el delito predominante es el tráfico/venta de estupefacientes (54,8%).
De acuerdo al informe, alrededor del 40,4% declaró no haber tenido acceso al patio en la semana previa (cifra que asciende al 51,1% en las unidades de Montevideo y área metropolitana), y un 41,3% se manifiesta insatisfecho o muy insatisfecho con la calidad de la comida, mientras que un 33,7% lo está con la cantidad.
En otro orden, el 63,0% declara sentirse seguro o muy seguro (en Montevideo/área metropolitana la inseguridad percibida llega al 20,7%).
En los últimos seis meses previos al censo, el 8,6% sufrió robos, 10,1% agresiones físicas por parte de otros reclusos, 6,7% agresiones físicas por parte del personal y 0,4% agresiones sexuales. El 86,6% de las víctimas no realizó denuncia alguna.
De la totalidad de la población privada de libertad, el 68,3% tiene hijos/as (84,2% en mujeres y 67,2% en hombres). El 71,4% de las madres privadas de libertad tuvo su primer hijo/a durante la adolescencia (antes de los 20 años).
El 62,8% recibe visitas. Las madres (48,2%) y las parejas (44,3%) son quienes más visitan. Entre los hombres, la visita principal es la pareja (46,1%), mientras que entre las mujeres la pareja representa solo el 23,6%, siendo sus hijos/as los principales visitantes (45,0%). Un 36,6% de la población no recibe ningún tipo de visita.
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