La medida comenzará a aplicarse desde el 1° de agosto y busca incrementar la recaudación de la institución en medio de sus dificultades financieras.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y el Poder Ejecutivo volvieron a quedar enfrentados tras la aprobación de una resolución que habilita el cobro de un timbre profesional de $170 sobre registros, informes y actuaciones vinculadas a consultas médicas.
La medida comenzará a aplicarse desde el 1° de agosto y busca incrementar la recaudación de la institución en medio de sus dificultades financieras.
La resolución fue aprobada por unanimidad en el Directorio, incluidos los representantes del Poder Ejecutivo, Pablo Aguirregaray y José Antonio Iglesias, durante su primera sesión.
Sin embargo, luego de conocerse el alcance de la disposición, el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, solicitó al presidente de la Caja, Andrés Pérez, que se revirtiera por considerarla inconveniente.
Posteriormente, Aguirregaray e Iglesias intentaron rectificar su voto, pero la iniciativa fue rechazada por cinco votos contra dos. Ante esta situación, el Directorio convocó al Poder Ejecutivo a una instancia de negociación.
Según Di Doménico, los delegados del Gobierno fueron inducidos a error durante una sesión que se extendió por más de seis horas. "Fueron engañados en su buena fe", afirmó en declaraciones a El Observador.
No obstante, las actas de la sesión muestran que ambos representantes realizaron consultas sobre el alcance de la medida, la base legal y la recaudación prevista.
Durante la discusión, Pérez explicó que el cobro está previsto en la ley y que podría generar ingresos del orden de 43 millones de dólares anuales. Además, se señaló que no se trata de un nuevo gravamen.
La controversia también motivó cuestionamientos desde la Junta Nacional de Salud, que advirtió que la medida incorpora nuevos costos al sistema sanitario.
Desde la Caja de Profesionales se respondió que la obligación ya está establecida y que únicamente el Parlamento puede eliminarla.
Por su parte, Di Doménico adelantó que el Poder Ejecutivo analiza la posibilidad de anular la resolución.
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