BROU: compra de nuevo sistema superó los US$ 50 millones

Pero, además, como dijo la diputada nacionalista, Graciela Bianchi, en dicha citación pedirá que se investigue la vinculación de uno de los hijos del presidente, Javier Vázquez, con la instrumentación y compra del sistema.

Según había publicado el semanario Brecha, Vázquez es partner de la empresa De Larrobla y Asociados, que ganó la adjudicación.

Bianchi además, denunció que el banco estatal realizó una inversión de 132 millones de dólares para una modificación que los funcionarios entendían innecesaria.

Por su parte, el BROU informó a través de un comunicado que la compra del nuevo sistema comenzó en 2012 cuando se llamó a un “proceso de competencia para proveer soporte  la implementación de un sistema informático central, para reemplazar el que se había adquirido en 1996”.

En un principio compitieron varias empresas: T24 de la empresa Temenos, representada por Bull Uruguay S.A., Flexcube de Oracle, representada por Quanam, SAP Banking, de la empresa SAP, y Bantotal de la empresa De Larrobla. Además, para el servicio de implantación, el banco invitó a tres consultoras a presentar propuestas y finalmente, se adjudicó el proyecto a IBM. Finalmente, se eligió la fórmula De Larrobla-IBM con el sistema Bantotal. 

Según el BROU, el sistema Bantotal se adjudicó por U$S 14.3 millones más IVA y la licencia de uso por U$S 4.7 millones más IVA y el servicio de implantación del sistema se adjudicó por U$S 28.9 millones más IVA, y otras licencias y tareas por U$S 1.2 millones más IVA.

“Además, se contrató a la empresa De Larrobla los servicios de mantenimiento evolutivo por US$ 2 millones más IVA anuales durante 12 años, y los servicios de mantenimiento correctivo y normativo por U$S 0.9 millones anuales durante 10 años”, detalló el banco.

También se aseguró que, para llevar adelante estos procesos de compra, “por la naturaleza de la contratación, que afecta aspectos relevantes de seguridad informática, arquitectura tecnológica y estrategia comercial, el BROU se rigió por los criterios de secreto y libre competencia previstos en el artículo 33, literal c, numerales 8 y 22 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF)”.

"Los procesos contaron con la intervención de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República”, concluyó el BROU.