La Auditoría General de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas publicó este jueves dos documentos con un resumen de la auditoría realizada en el Departamento de Control de Rendición de Cuentas del Mides y en el servicio de cantinas del Comando General del Ejército.
En el informe del Mides se detectaron 12 irregularidades de las cuales ocho son catalogadas de gravedad máxima.
"Evaluados los controles sobre las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de trabajo, se concluye que las actividades de control presentan debilidades significativas que afectan los principios de transparencia, legalidad y buena administración de los fondos públicos", sostiene el documento.
"Los procedimientos de control implementados son insuficientes, con criterios diferentes para su revisión y no en todos los casos se verifica su cumplimiento", agrega el informe y hace referencia a fondos liberados "pendientes de rendición" y que "no se exige que los gastos de administración se rindan mediante la presentación de la documentación que justifica el gasto".
"No existe un control que permita garantizar que las organizaciones se encuentren al día con el pago de los alquileres", advierte el texto.
La auditoría también señala la falta de un "sistema de información único que sea íntegro y confiable respecto a la información de los convenios celebrados por el Mides" y constató la "falta de previsión sobre las obligaciones legales asumidas por las partes contratantes de un convenio, lo que llevó a que personal contratado en el marco del convenio se encuentre registrado en nómina de BPS, planilla de control de trabajo y póliza de seguro del Mides".
En cuanto al Ministerio de Defensa Nacional las auditorías se centran en el Servicio de Cantinas Militares (SCCMM) donde se detectaron 15 irregularidades, de las cuales 5 fueron catalogadas como de riesgo "extremo".
Una de las más graves tiene que ver con medicamentos que "no cuentan con habilitación del MSP vigente para su venta" según lo establecido en la Ley 15703 del año 1985. El informe recomienda a la cartera hacer las gestiones de orden con el Ministerio de Salud Pública "de forma que los Despachos de Medicamentos cuenten con las habilitaciones correspondientes de acuerdo a la normativa vigente".
En otro de los apartados se destaca que el servicio de cantinas contrató a una empresa de remesas que retira la recaudación del despacho de medicamentos pero que no existen controles sobre el monto de lo recaudado y que la compra de medicamentos es "a precios superiores a los pagos por la Unidad Centralizada de Adquisiciones".
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