Los vendedores sostienen que el sistema vigente ya cuenta con estrictos controles sobre la compra de balas y armas, y apuntaron contra el contrabando y los circuitos ilegales.
Representantes del sector comercial vinculado a la venta de armas y municiones cuestionaron la intención del gobierno de imponer nuevas restricciones a la comercialización de proyectiles y aseguraron que el mercado legal ya está sometido a un riguroso sistema de controles. A su entender, los esfuerzos deberían concentrarse en combatir el tráfico ilegal de armas y municiones, principal fuente de abastecimiento de la delincuencia.
Según explican, adquirir legalmente municiones en Uruguay implica cumplir una serie de requisitos que pueden demandar alrededor de dos meses. Para ello es obligatorio contar con la cédula de identidad, la guía del arma y el THATA (Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas).
Además, obtener esa habilitación requiere aprobar exámenes médicos, evaluaciones psicológicas y cursos prácticos de tiro. También se exige la presentación de documentación que permita verificar los antecedentes del solicitante.
"No es como que yo voy y, por cobrarme, me dan el THATA. No. Se hace un examen psicológico y se tienen en cuenta aspectos médicos también", señaló Matías Soria, vendedor de armas.
Desde el sector destacan que los controles no terminan con la obtención del permiso. Cada munición comercializada queda registrada con los datos personales del comprador y esa información es cruzada periódicamente con el Servicio de Material y Armamento.
"Cada bala que se compra está registrada con nombre, apellido, teléfono y dirección. No puede haber un arma disparada legalmente sin que la Policía la pericie y se sepa quién la usó", afirmó Soria.
Los operadores también sostienen que, aunque la normativa no establece un límite numérico explícito para la compra de municiones por parte de civiles, existen mecanismos de control que detectan adquisiciones fuera de lo habitual.
"Cuando vos comprás una cantidad excesiva, te contactan. Yo no puedo venir y comprarme 5.000 tiros y llevármelos a mi casa. Después se contactan conmigo para ver qué vamos a hacer con esos 5.000 tiros", explicó.
Por ello, entienden que nuevas restricciones sobre el mercado formal tendrían un impacto limitado sobre la inseguridad. Según argumentan, el comprador promedio de armas y municiones dentro del circuito legal es una persona que busca proteger su hogar o desarrollar actividades habilitadas, mientras que las organizaciones criminales se abastecen principalmente a través de canales ilegales.
En ese sentido, consideran que las medidas para reducir la circulación de armas y balas deberían enfocarse en reforzar los controles sobre el contrabando y el tráfico clandestino, más que en endurecer las exigencias para quienes ya operan dentro del sistema regulado.
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