Violencia no cede en Río tras intervención militar

Entre el viernes -cuando se anunció la intervención- y la medianoche del domingo, se registraron 88 enfrentamientos, con 14 muertos, 21 heridos y 19 operativos policiales.
Violencia no cede en Río tras intervención militar
Violencia no cede en Río tras intervención militar
19 de febrero de 2018 - 00:00

El presidente de Brasil, Michel Temer, sumó hoy los avales de órganos consultivos del poder al decreto que deja en manos del Ejército la Seguridad en Río de Janeiro, donde la violencia no cedió en las últimas horas pese a la presencia militar.

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De acuerdo con la aplicación Fuego Cruzado, que contabiliza los tiroteos en Río, entre el viernes -cuando se anunció la intervención- y la medianoche del domingo, se registraron 88 enfrentamientos -20 por encima de la media-, con 14 muertos, 21 heridos y 19 operativos policiales.

Temer justificó este fin de semana su decisión, inédita en Brasil, ante el aumento de la violencia en el estado de Río y el avance del crimen organizado que el presidente calificó como una "metástasis" que se extiende por el país.

El mandatario se reunió hoy con el Consejo de la República -creado para asesorar al presidente en episodios de crisis- y el Consejo de Defensa Nacional, que incluye a altos mandos del Ejército, así como con miembros de su Gobierno y legisladores.

La reunión se produjo horas antes de que el decreto que militariza la Seguridad de Río de Janeiro, firmado por Temer el viernes, inicie su tramitación parlamentaria que incluirá hoy su debate en la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado, previsiblemente mañana.

El presidente no ha concretado aún el alcance de la intervención ni los límites de actuación del Ejército en Río, que estará comandado hasta el 31 de diciembre por el general Walter Souza Braga Netto, con experiencia en tareas de seguridad durante los Juegos Olímpicos de 2016.

Al término del encuentro de hoy, el ministro de Defensa, Raul Jungmann explicó que la decisión del presidente fue respaldada por ambos Consejos y adelantó que, a petición del Comando del Ejército, se analizarán medidas complementarias para la actuación de las Fuerzas Armadas.

Entre estas medidas, se refirió a las "detenciones colectivas" con mandato judicial, una opción que permitiría registros y arrestos múltiples en un amplio radio susceptible de ocultar presuntos delincuentes.

Según el funcionario, la "realidad urbanística" de Río -con las favelas que se extienden en los morros- "favorece" el movimiento de los sospechosos, lo que hace necesario poder allanar "un área entera, como una calle o un barrio" en vez de una dirección específica.

Una polémica iniciativa que ya se empleó en distintos episodios de crisis de seguridad en Río de Janeiro y que fue suspendida a petición del Defensor del Pueblo ante las protestas por allanamientos indiscriminados.

Diputados de oposición advirtieron que medidas como la "detención colectiva" constituyen un "cheque en blanco" para el Ejército con consecuencias imprevisibles.

"No hay ninguna carta blanca, negra o gris", zanjó el ministro, que insistió en que "más de 800 comunidades de Río de Janeiro viven un régimen de excepción, bajo el control del crimen organizado, las milicias y el tráfico de drogas".

El Gobierno no ha concretado todavía el costo de la intervención aunque el ministro apuntó que el Ejecutivo dispondrá de los recursos necesarios cuando Braga Netto presente los detalles del plan.

Para el líder de la minoría en la Cámara de Diputados, José Guimarães (Partido de los Trabajadores), sin embargo, el Gobierno da "palos de ciego" con un decreto que puede tener consecuencias para la sociedad y para las Fuerzas Armadas.

La intervención, que se produce en un año electoral y con un presidente desgastado por la falta de apoyos para aprobar la reforma de las pensiones -su proyecto "estrella"-, ha sido severamente cuestionada por organizaciones humanitarias y grupos civiles que trabajan en las favelas de Río.

Temer confía en la aprobación del decreto durante el trámite que comenzará hoy en el Congreso con la intervención del presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, para defender que la iniciativa es "urgente y necesaria" porque Río vive "una guerra contra el crimen" y el Gobierno debe garantizar "el orden y el estado de derecho".

 

EFE

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