"Un grupo criminal"

24 de diciembre de 2013 - 00:00

Este martes se conoció el auto de procesamiento de Matías Campiani y sus dos socios, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde. Según la jueza Adriana de los Santos, los directivos de la exPluna formaron "un grupo criminal" que estafó al Estado.

"Desde el inicio fue una cadena de irregularidades, omisiones y estratagemas artificiosos en beneficio propio y en perjuicio del Estado uruguayo y la sociedad en su conjunto", sostiene la magistrada en el documento al que accedió Telenocheonline y que puede descargar más abajo.

La magistrada describe cuáles fueron las irregularidades y las maniobras de Campiani y sus socios.  "Se  incrementó el valor de los aviones y un inmueble (revaluación neta de amortizaciones de activos), lo que generó un Ajuste al  Patrimonio  por U$S  27.652.823 ¬disminuyendo  así  el patrimonio negativo. (…) Tal maniobra  permitió disminuir las pérdidas de la empresa, demostrando una situación  patrimonial financiera que no respondía  a  la realidad”, sostuvo.

"Los indagados tenían por finalidad aumentar el valor de su participación en la empresa para su posterior venta y obtención de ganancias, pero ese incremento no operaba necesariamente por la mejora de la empresa, sino por el despliegue de una serie de maniobras y estratagemas, llevándolos a conformar un grupo criminal organizado para cumplir con sus fines", agrega.

La juez dice que el "plan negocios proyectado no se cumplió por la voluntad deliberada de los indagados en beneficiarse en sus interese personales como surge de la sucesión de hechos que se fueron sucediendo (...) Y esos estratagemas y engaños artificiosos los aplicaron también para hacerse cargo de las obligaciones de "Pluna S.A.", siendo el más relevante el vinculado con el suministro de combustibles y que podría catalogarse como 'calesita' con los cheques destinados al pago a la empresa estatal ANCAP".

De los Santos indica que de los seis pagos que se debían realizar a Ancap solo se hicieron dos.

“Capítulo  aparte merece resaltar  que según lo declarado por el indagado Alvarez (Gerente de Operaciones) la vida útil de los aviones oscila entre 15 y 20 años, no obstante ello, en los Estados Contables cerrados al 30 de junio de 2011 se extendió la vida útil de los mismos de 25 a 30 años lo que permitió disminuir las pérdidas de la empresa”, sostiene.

La jueza destaca que un "entretejido de empresas -con nombres similares que se repiten-, (que) les permitió girar fondos hacia ellas, por parte de "Pluna S.A.", incrementando notoriamente los gastos de la propia "Pluna", en beneficio de esas empresas subsidiarias o coligadas manejadas por los mismos indagados, y que en definitiva no hace más que reiterar una y otra vez la misma operativa empleada desde el incio de la intervención de Leadgate".

"En ese entramado de empresas, merece especial énfasis el llamado 'negocio Aerovip', presuntamente orientado a que "Pluna S.A" operara en el mercado argentino, valiéndose de los permisos de vuelo de la primera, lo que nunca ocurrió", informa.

“Pluna le alquilaba un avión a Aerovip, empresa concursada en Argentina que habían comprado y no tenía aviones. Pero, a su vez, Pluna le arrendada a Aerovip asientos de ese avión. Por lo que se desconoce cuál era el beneficio para Pluna, que era la empresa que estaba pagando  el leasing  a EDC (el banco canadiense), a su vez le pagaba  a Aerovip  por los asientos que le arrendaba  en ese avión, por realizar una frecuencia que  era de Pluna; otra maniobra más de los indagados en beneficio propio”, expresa.

"También resulta acreditado las múltiples y permanentes tratativas de los indagados por vender su paquete accionario en "Pluna S.A.", finalidad ésta que constituye el génesis de toda la maniobra, incluso proyectando una carta de intención de fecha 3 de abril de 2012 con la empresa TRIPS Brasil, tratativas que nunca fueron puestas en conocimiento del socio público, lo que perfila sus verdaderas intenciones: la obtención de provechos  indebidos en perjuicio del Estado, ya que por un lado aumentaban sustancialmente los adeudos de la empresa, mientras que por el otro presentaban una supuesta situación de regularidad de funcionamiento", sostiene de los Santos.

En este sentido, la magistrada destaca que "en uno y/u otro caso, principal perjudicado no es otro que el Estado Uruguayo y la sociedad en su conjunto, debiendo hacer frente a las obligaciones en las que figura como garante, atender a los funcionarios de "Pluna", asumir los costos de mantenimiento de las aeronaves".

Documento adjunto:

Auto de procesamiento Campiani y socios.

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