La Gremial única del Taxi demandará por US$300 millones a la Intendencia de Montevideo (IM) por el "perjuicio" que han tenido por la instalación de Uber, dijo este lunes el secretario general de ese gremio, Javier Fardín.
En declaraciones a Radio Uruguay, Fardín indicó que la demanda obedece a que, a su juicio, la comuna incumplió su deber fiscalizador, ya que "quienes debieron hacer controles no lo hicieron en tiempo".
Además, señaló que luego de una asamblea con los 350 socios de la gremial, que se realizó la semana pasada, se aprobó por unanimidad presentar una demanda judicial contra la IM, ya que consideran que el Gobierno capitalino está permitiendo el servicio de transporte no regulado.
"Esta problemática de esta empresa -que pone en contacto a pasajeros con conductores a través de una aplicación móvil- que entendemos es ilegal, la venimos denunciando desde hace algunos meses, en este caso nadie puede decirnos que no lo advertimos debidamente", aseguró.
En concreto, Fardín detalló que la cifra de 300 millones de dólares se obtiene de la multiplicación de los 3.150 taxis de la gremial por los aproximadamente 100.000 dólares que pretenden recibir cada uno.
Sin embargo, aclaró que la asamblea de socios "aun está valorando" el tipo de demanda, aunque adelantó que la vía "más adecuada" podría ser la civil, y añadió que dada esta situación se abre la posibilidad de presentar un recurso de amparo.
No obstante, el dirigente enfatizó en que la empresa estadounidense de transporte de pasajeros "no es de tecnología" sino "una empresa de transporte", y añadió que los taxistas se encuentran "muy indignados" con "la pasividad" de las autoridades en resolver este tema.
"Entendemos que esta empresa viene a enfrentar a uruguayos con uruguayos por un mercado de transporte que no es lo suficientemente grande para permitirlo", aseveró.
Según indicó Fardín, al dejar que Uber opere sin pagar por las habilitaciones necesarias la IM incumple con la regulación del sector.
En ese contexto, el pasado mes de marzo la IM manifestó su rechazo al funcionamiento de Uber "por fuera" de las leyes departamentales y nacionales y expresó su voluntad de de "aportar" en la creación de una norma para regular aplicaciones informáticas que ofrecen servicios de transporte público.
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