Sirios: gobierno niega casos de violencia

4 de febrero de 2015 - 00:00

El Gobierno negó la existencia de denuncias con respecto a posibles casos de violencia machista entre los ciudadanos sirios que llegaron en octubre al país sudamericano en calidad de refugiados.

"Si existe una denuncia se hará una investigación y se aplicará la ley. Cualquier persona que se encuentre en territorio nacional está sujeta a leyes nacionales. En Uruguay la violencia doméstica es un delito", dijo el prosecretario de la Presidencia de la República, Diego Cánepa, en una conferencia de prensa posterior a la celebración de la reunión del consejo de ministros.

El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, afirmó haber pedido un informe sobre la situación de supuestos casos de violencia doméstica después de que el diario El Observador publicara que entre estas personas se constataron casos de violencia doméstica "difíciles de manejar".

"A raíz del articulo de prensa hemos pedido un informe sobre el asunto. Formalmente no hemos recibido ninguna información ni denuncia al respecto", confesó hoy Almagro a la prensa antes de la reunión ministerial.

El canciller recibió el informe durante el consejo, en el que según Cánepa, de momento no se mostró la existencia de denuncias ni directas ni de vecinos sobre posibles agresiones.

Tras pasar por países como Líbano y Jordania, que acabaron desbordados con la avalancha de refugiados por la guerra civil que sufre Siria desde 2011, cinco familias -más de 40 personas- llegaron a Uruguay en octubre por decisión del Ejecutivo de José Mujica de acoger y dar vivienda y trabajo a ciudadanos que huyeron del conflicto de ese país.

La familias cuentan con equipo especializado de asistentes sociales y psicólogos que las acompañan de forma habitual.

"La evaluación primaria es que la inserción es exitosa pero compleja", agregó Cánepa, quien aseguró que la voluntad del futuro Gobierno es continuar con el programa de reinserción de los refugiados.

Sin embargo, Almagro manifestó ayer la imposibilidad de implementar en febrero, como confiaba el Gobierno, la llegada al país de un nuevo contingente de familias, debido a la situación de transición previa al cambio de Ejecutivo, que se efectuará el próximo 1 de marzo.

"Yo soy partidario de avanzar de la manera más eficiente y más ejecutiva que nos permitan las circunstancias y creo que teniendo en cuenta que hay autoridades y responsabilidades que cambian de manos, quizás el mes de febrero es un poco complejo para hacer esto", afirmó.

Al respecto, Cánepa consideró la necesidad de analizar qué tipo de familias podrían tener las mejores condiciones para adaptarse a la sociedad uruguaya.

EFE

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