Los defensores de oficio dejarán de atender al público entre el lunes 24 y el miércoles 26 como medida de protesta por el conflicto salarial que mantienen con el Gobierno todos los funcionarios del Poder Judicial, informaron fuentes gremiales.
Sin defensores
La Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay decidió tras una asamblea sumarse a las protestas de los otros gremios del Poder Judicial, los de magistrados, actuarios y funcionarios, y sumarse a las movilizaciones por el reclamo de salarios atrasados, en este caso dejando de atender nuevos casos ni mantener entrevistas con personas a las que ya representan hasta el día 26.
Los defensores si atenderán casos en materias "sensibles", como casos penales, violencia doméstica o menores infractores, informó al diario El País el presidente de la asociación, Luis Ferrari.
Además de esta movilización, los defensores anunciaron que podrán adoptar más medidas en forma progresiva y en consonancia con los otros gremios del Poder Judicial, hasta que se cumplan con sus reclamos.
Desde hace varios meses, los diversos sindicatos que agrupan a los trabajadores de la Justicia, desde empleados del registro civil hasta los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, reclaman al Gobierno por un incremento en su salario que les fue concedido y luego retirado de forma inconstitucional.
Estas movilizaciones se han recrudecido en las últimas semanas, en pleno proceso electoral en el país en donde el próximo día 30 se decidirá el nuevo presidente entre el candidato del oficialista Frente Amplio Tabaré Vázquez y el líder nacionalista Luis Lacalle Pou.
Los empleados del registro civil, por ejemplo, llevan semanas de protesta, lo que entre otras cosas ha impedido la celebración de bodas en todo este tiempo, mientras que los funcionarios judiciales pararon 24 horas el jueves.
En la cima de la pirámide, los propios jueces uruguayos agrupados en la Asociación de Magistrados amenazaron con declararse en huelga el próximo día 26 de noviembre, la primera de este tipo que se produciría en el país, si el Gobierno no da pasos antes de esa fecha para cumplir con sus reclamos.
El origen del problema se remonta a 2010 cuando la administración de Mujica aprobó un incremento de salarios para los ministros y de esa forma equipararlos con los sueldos de los senadores.
Sin embargo, no se tuvo en cuenta que por la legislación vigente los salarios del Poder Judicial están "relacionados directamente" con los de los ministros de Gobierno.
Por ello los jueces, actuarios, defensores de oficio y funcionarios judiciales tienen derecho a ese aumento, que según el Gobierno implicaría un gasto extra de 60 millones de dólares anuales. EFE
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