Presidencia dio la razón a Francisco Casal
Presidencia de la República divulgó este lunes el dictamen sobre el caso del empresario Francisco Casal, en el que se aclara que este no generó deudas por Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio (IRIC), Impuesto al Patrimonio o IVA. Por tal motivo, el Fiscal de Gobierno Daniel Borrelli consideró "ilegal" la inspección efectuada al empresario en 2009 y que esta debe quedar sin efecto.
La información divulgada por Presidencia corresponde al dictamen del Fiscal de 1° Turno (Borrelli) sobre la investigación que la Dirección General de Impositiva llevó a cabo contra Casal por la tributación de transferencias de futbolistas uruguayos al exterior, según publicó el sitio Montevideo Portal.
Borrelli aclara en el fallo que "no se ha verificado la combinación de factores económicos en el Uruguay, ni se han configurado los presupuestos del concepto de empresa, por lo que las rentas obtenidas con la actividad relativa a la transferencia de jugadores al exterior no se hallaba gravada con el IRIC al momento del acto administrativo de determinación resistido por los interesados".
"Tampoco se verifica la ubicación espacial de los citados factores económicos en una misma jurisdicción tributaria, por lo tanto, al no darse la reunión de ambos factores en el territorio nacional, la actividad mencionada no estaba alcanzada por el IRIC", sostuvo el fiscal.
Según el dictamen, "por no ser contribuyentes de IRIC las personas jurídicas del exterior que no poseen sucursal, agencia o establecimiento en el país, no se genera el Impuesto al Patrimonio Empresarial, ni se verifica el aspecto subjetivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA)".
Por tal motivo, el fiscal entiende que "la aprobación de la actuación inspectiva realizada en el sub examine que determinó una deuda tributaria por IRIC, Patrimonio e IVA en el número 2 de la resolución 1529/2009 resulta ilegal y por lo tanto deberá dejarse sin efecto la misma, así como su modificativa y consecuentemente, también la resolución del ministro de Economía y Finanzas de fecha 1º de noviembre de 2011".
Coincidiendo con el fiscal de 2° turno, Borrelli entiende necesario efectuar una investigación con el fin de "deslindar posibles responsabilidades administrativas". En tal sentido, el fiscal entiende que "en caso de que se demandara al Estado por responsabilidad civil, el Poder Ejecutivo debería hacer uso de lo prevenido en el artículo 25 de la Constitución de la República".
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